En un caso que ha sacudido los cimientos de la Policía de Rosario, tres agentes han sido condenados por su participación en un esquema de corrupción relacionado con la carga de combustible de patrulleros de la Unidad Regional II. Este martes, los acusados aceptaron un juicio abreviado en el que se reconocieron culpables de delitos graves, lo que ha permitido que el proceso judicial avance de manera más ágil. Los condenados, quienes se presentaron como imputados colaboradores, son Sergio Darío López, Jorge Santiago Delgado y Gerardo Fabián Ramírez, cada uno involucrado en una trama que ha generado preocupación en la comunidad y en el ámbito de la seguridad provincial.
La audiencia judicial tuvo lugar en el Centro de Justicia Penal, donde la jueza Silvana Lamas González aprobó el acuerdo alcanzado entre el fiscal José Luis Caterina y las defensas de los imputados. Inicialmente, la fiscalía había solicitado penas que oscilaban entre cinco y siete años de prisión, dependiendo del grado de participación de cada uno en el delito. Sin embargo, gracias a su colaboración en la causa, las penas fueron significativamente reducidas, lo que ha suscitado críticas sobre el alcance de la justicia en estos casos de corrupción.
La sentencia impuesta establece que Ramírez cumplirá tres años de prisión de ejecución condicional, además de una inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos, por asociación ilícita, defraudación agravada y cohecho pasivo. Por su parte, López fue condenado a dos años y ocho meses de prisión condicional e inhabilitación para ejercer funciones públicas, mientras que Delgado enfrentará una pena de dos años y tres meses de prisión condicional e inhabilitación absoluta. Estos castigos reflejan la gravedad de los delitos, pero también abren un debate sobre la efectividad de las penas condicionales en casos de corrupción.
A raíz de este escándalo, Lucas Covacich, subsecretario de Control de las Fuerzas de Seguridad de la provincia, ha elevado un pedido formal al Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe. En su solicitud, se propone la destitución de todos los involucrados en el caso, incluyendo a mandos superiores que también fueron señalados en la investigación. Entre los nombres mencionados se encuentran Rodrigo Domínguez y Gerardo Ramírez, quienes ocupaban posiciones de relevancia dentro de la estructura policial.
La fiscalía ha identificado a los principales responsables del esquema de corrupción, señalando al exjefe de la Unidad Regional II, Daniel Acosta, a quien se le han solicitado 12 años de prisión, y a su exsecretario privado, Rodrigo Domínguez, para quien se ha solicitado una pena aún mayor de 14 años. Ambos son considerados líderes de una asociación ilícita que utilizó la jerarquía policial para llevar a cabo maniobras fraudulentas, desviando fondos públicos destinados a la carga de combustible de los vehículos policiales.
Según la acusación, se habrían realizado consumos de combustible falsos o inflados, en complicidad con la estación de servicio Gas Auto Tiferno, generando un retorno ilegal de dinero a los involucrados en el entramado. El documento presentado por la fiscalía revela una estructura organizativa que partía de Acosta y Domínguez y se extendía hacia mandos intermedios y operativos, reflejando la complejidad de la corrupción dentro de la fuerza policial. Este caso no solo pone de manifiesto la necesidad de una reforma en los sistemas de control interno, sino que también destaca la importancia de la transparencia y la rendición de cuentas en las instituciones encargadas de la seguridad pública.
