Seis miembros de la Policía de Córdoba enfrentan cargos por privación ilegítima de la libertad y homicidio culposo tras la trágica muerte de Tomás Orihuela, un joven de 19 años hallado ahorcado en la celda de la Comisaría Sexta, ubicada en el barrio General Paz. Este suceso ha generado un profundo impacto en la comunidad y ha puesto en tela de juicio las prácticas policiales en la región. La investigación, liderada por el fiscal Andrés Godoy, busca esclarecer las circunstancias que rodearon tanto la detención de Orihuela como su fallecimiento.
Tomás Orihuela había sido detenido en dos ocasiones en un lapso de menos de 48 horas; la primera por estafas relacionadas con la venta de teléfonos celulares y la segunda por un robo y violación de domicilio. Sin embargo, se ha revelado que los pedidos de captura en su contra estaban vencidos en el momento de su arresto. En el informe médico posterior a su muerte, se mencionó que el joven padecía edema cerebral irreversible, así como complicaciones pulmonares y renales, lo que contradice la versión oficial que sugiere un intento de suicidio.
El fiscal Godoy ha señalado que las imputaciones se centran no solo en la detención irregular de Orihuela, sino también en el fatal desenlace que tuvo lugar dentro de la comisaría. En este contexto, una agente de la fuerza ha sido arrestada, mientras que los otros cinco efectivos permanecen bajo investigación, con la posibilidad de que se adopten medidas procesales en los próximos días. Además, se ha ordenado el secuestro de los teléfonos móviles de los agentes implicados para esclarecer las comunicaciones y procedimientos que se llevaron a cabo esa noche.
La noche del 27 de abril, un patrullero se presentó en el domicilio de la familia Orihuela para solicitar la presencia de los familiares en el Hospital Córdoba, donde se les informó sobre la muerte cerebral del joven. En un primer momento, se diagnosticó un cuadro neurológico irreversible, aunque al día siguiente se observó un leve repunte en su actividad en el Hospital Eva Perón. Sin embargo, la confirmación de su fallecimiento se produjo ese mismo lunes por la tarde, marcando un momento devastador para sus seres queridos.
El caso ha resonado en la sociedad cordobesa, evidenciado por la masiva caravana de motos que despidió a Orihuela el 30 de abril en el barrio Pueyrredón. Su velorio fue acompañado por la presencia de cuatro familiares que se encuentran detenidos en el penal de Bouwer y el penal de Cruz del Eje, quienes fueron trasladados bajo estricta custodia policial para participar del cortejo fúnebre. Este operativo, descrito como una "despedida tumbera", se realizó en cumplimiento de la ley 24.660 de Ejecución Penitenciaria, lo que ha suscitado debates sobre las condiciones y derechos de los detenidos.
El abogado penalista Facundo Pérez Lloveras explicó que la decisión de permitir la asistencia de los detenidos al funeral fue tomada por una prosecretaria judicial, considerando la urgencia del caso. Pérez Lloveras destacó que estos traslados se autorizan únicamente por "razones humanitarias" y con la previa evaluación de riesgos y antecedentes por parte de la autoridad penitenciaria, quien también determina el protocolo de seguridad y custodia necesario.
Este trágico episodio ha abierto un debate sobre la conducta de las fuerzas de seguridad y la necesidad de revisar los procedimientos internos en situaciones de detención. La comunidad espera respuestas claras y contundentes que permitan esclarecer no solo las circunstancias de la muerte de Tomás Orihuela, sino también generar un cambio en las prácticas policiales que salvaguarden los derechos humanos de todos los ciudadanos.
