El 6 de julio de 1976 marcó un capítulo sombrío en la historia argentina, cuando un grupo de once prisioneros fue sacado de la cárcel de Villa Las Rosas, en Salta, en un operativo que culminó en un falso enfrentamiento. Este suceso ocurrió apenas tres meses después del golpe de Estado que derrocó a la presidenta María Estela Martínez de Perón, en el contexto de una represión sistemática que buscaba eliminar a la disidencia política, social y gremial. La atmósfera de terror que se respiraba en ese momento en el país fue alimentada por una serie de eventos violentos que, como un efecto dominó, se fueron intensificando en una escalada de violencia que dejó profundas cicatrices en la sociedad argentina.

El director del penal, Braulio Pérez, recibió instrucciones del coronel Carlos Alberto Mulhall, jefe de la guarnición militar, para llevar a cabo un traslado de presos sin especificar ni la cantidad ni la identidad de los mismos. Este encargo fue parte de una operación mayor que se gestaba en el marco de la política represiva de la dictadura militar, que ya había cobrado vidas inocentes en episodios como la masacre en la Iglesia de San Patricio, donde fueron asesinados tres sacerdotes y dos seminaristas. Este hecho, que intentó ser presentado como un ataque de elementos subversivos, reveló la brutalidad del régimen, que no dudaba en utilizar la violencia para silenciar cualquier tipo de oposición.

La situación en la Policía Federal también era crítica. El general Arturo Corbetta, quien estaba al mando, se oponía a la represión desmedida y abogaba por un enfoque más controlado, actuando “con el Código Penal en la mano”. Sin embargo, tras la masacre en la Iglesia de San Patricio, fue desplazado por el general Edmundo Ojeda, quien estaba dispuesto a actuar sin restricciones. Este cambio de mando coincidió con el traslado de los prisioneros, lo que llevó a muchos a interpretarlo como parte de una represalia por el atentado a la Superintendencia de Seguridad Federal que había dejado un saldo de 23 muertos días antes.

A las 19.45 del 6 de julio, un grupo de militares encabezado por el capitán Hugo Espeche llegó al penal. Sin insignias que identificaran sus rangos, los uniformados se comunicaban entre ellos utilizando apodos, una estrategia diseñada para preservar su anonimato. Pérez recibió una orden escrita que incluía la lista de los detenidos a trasladar, pero no se le brindaron más detalles sobre el destino ni el propósito del operativo, lo que generó una atmósfera de incertidumbre y miedo.

Los prisioneros fueron extraídos de sus celdas en medio de un operativo que no dejó espacio para la resistencia. La falta de información y la opacidad del procedimiento alimentaron las sospechas de que lo que realmente se planeaba era una ejecución encubierta. En un contexto en que la violencia estatal se había convertido en la norma, la vida de estos hombres se tornó prescindible para un régimen que buscaba eliminar toda forma de disidencia, sin importar el costo humano.

A lo largo de los años, la masacre de Palomitas se ha convertido en un símbolo de la brutalidad del terrorismo de Estado en Argentina. La memoria de estas víctimas es un llamado constante a la justicia y a la necesidad de recordar y honrar a quienes sufrieron a manos de la dictadura. Este trágico episodio no solo debe ser recordado, sino que también debe servir como un recordatorio de la importancia de defender los derechos humanos y la democracia, para que nunca más se repitan tales atrocidades en el país.