La Justicia de la provincia de Santa Cruz ha dictado prisión preventiva para Marcelo Félix Curtti, quien ha sido procesado por el asesinato y posterior desmembramiento de Aníbal Cepeda, un jubilado de 72 años. Este caso, que ha conmocionado a la comunidad local, fue calificado como homicidio criminis causa, lo que podría conllevar una pena de prisión perpetua en caso de que Curtti sea declarado culpable. La decisión de la Justicia se basa en la gravedad del delito y en la necesidad de garantizar que el imputado se mantenga a disposición del tribunal mientras avanza la investigación.
El juez Gerardo Giménez, encargado del caso, ha considerado que existen pruebas suficientes que apuntan a la responsabilidad penal de Curtti en relación con los artículos 45 y 80 inciso 7° del Código Penal Argentino. Esta normativa castiga a quienes cometen un homicidio con el objetivo de facilitar, consumar u ocultar otro delito, o bien para asegurarse la impunidad. La gravedad de las acusaciones ha llevado a la Justicia a dictar medidas cautelares, incluyendo un embargo sobre los bienes del imputado que asciende a 20 millones de pesos, como medida preventiva ante posibles intentos de fuga o de obstaculización de la investigación.
La evolución de la investigación ha sido rápida y se ha sustentado en múltiples fuentes de evidencia, que incluyen pericias criminalísticas, análisis de cámaras de seguridad y testimonios de testigos. Desde la aparición de los restos humanos de Cepeda el 10 de mayo, los investigadores han estado trabajando arduamente para desentrañar los detalles de este macabro crimen. Curtti ha emergido como el principal sospechoso, lo que llevó a su procesamiento y a la solicitud de prisión preventiva por parte de la querella.
En el marco de la misma causa, la querella ha solicitado la detención de otras dos personas que, según se sospecha, podrían estar vinculadas al crimen. Estas personas fueron demoradas durante los primeros allanamientos, realizados por la División de Investigaciones, cuando aún se desconocía el paradero de Cepeda. Uno de los operativos tuvo lugar en la calle Cantarutti, mientras que el otro se ejecutó en la zona de Cañadón León.
El surgimiento de estos sospechosos ha generado un debate en la comunidad sobre la posible complicidad en el crimen. A raíz de la desaparición de Cepeda, se solicitó a diversas entidades bancarias que informaran sobre cualquier movimiento inusual en las cuentas del jubilado. En uno de los allanamientos, se hallaron documentos personales y tarjetas de la víctima, lo que ha incrementado las sospechas sobre la implicación de estas personas en el delito. Sin embargo, los acusados han mantenido su inocencia, alegando que solo encontraron y utilizaron las tarjetas.
Mientras la querella sostiene que debe profundizarse la investigación sobre la posible participación de estos individuos, las autoridades continúan trabajando para determinar si hubo otras personas involucradas en el homicidio, incluso si su rol fue secundario. La causa sigue abierta y, mientras tanto, Curtti continuará bajo la custodia del sistema penitenciario, a la espera de que se resuelva su situación judicial. Este caso ha sacudido a Río Gallegos, y la comunidad sigue expectante ante los avances de la investigación y el desenlace del proceso judicial.
