La jueza Valeria Pedrana ha impuesto una condena de seis años y ocho meses de prisión a Luciano Gallardo, un conocido integrante de la barra brava de Newell’s, por los delitos de extorsión simple y agravada, así como por asociación ilícita. La sentencia fue dictada durante una audiencia que se llevó a cabo en el Centro de Justicia Penal, donde se expusieron las actividades ilícitas que Gallardo y su grupo habían llevado a cabo con el objetivo de obtener beneficios económicos a expensas del club. La víctima de estas maniobras fue Ignacio Astore, quien se desempeñaba como presidente de la institución rosarina en el momento de los hechos.
El caso se desarrolló en el marco de un juicio abreviado y reveló el funcionamiento sistemático de una organización delictiva que operaba en torno a Newell’s. Las actividades de este grupo se centraban en la extorsión a los directivos del club, utilizando métodos coercitivos y amenazas para obtener dinero y beneficios económicos. Entre las maniobras detectadas por los investigadores, se incluían la reventa de entradas, la organización de eventos y el cobro por estacionamiento en espacios públicos, así como un porcentaje por ventas en los “carritos” de comida y bebida que se encontraban en el estadio.
Según la fiscalía, Gallardo no actuó solo en estas actividades. Estuvo acompañado por otros individuos, entre ellos Leandro “Pollo” Vinardi y Sabrina Barrías, quienes habrían colaborado en la planificación y ejecución de las extorsiones a la dirigencia de Newell’s Old Boys. Las pruebas presentadas en el juicio revelaron que la organización había exigido en un primer momento una suma de ocho millones de pesos, aunque finalmente se llegó a un acuerdo por tres millones de pesos que fueron entregados al barra en un encuentro dentro de las instalaciones del club, el 30 de julio de 2024.
La entrega del dinero se produjo después de que Astore se negara a permitir la realización de una fiesta de inauguración de parrilleros organizada por la barra, lo que desató una serie de amenazas y presiones por parte de Gallardo y su grupo. La fiscalía calificó estas acciones como parte de un plan más amplio que tenía como finalidad perjudicar económicamente al club y forzar a sus dirigentes a ceder ante las demandas del grupo delictivo. Este tipo de extorsión representa un fenómeno alarmante que trasciende los límites de la institucionalidad y afecta la integridad de las organizaciones deportivas.
La investigación también puso de manifiesto que los líderes de la organización se atribuían poderes que no estaban contemplados en los estatutos del club, actuando al margen de los canales oficiales para gestionar eventos y negociar beneficios. Este tipo de prácticas no solo perjudica al club en términos económicos, sino que también afecta su imagen y la seguridad de sus miembros, quienes deben lidiar con la amenaza latente que representa la barra brava.
Ariel “Guille” Cantero, el principal referente de esta organización delictiva, se encuentra actualmente detenido en el Complejo Penitenciario Federal Nº II de Marcos Paz. Cantero no solo lideraba las operaciones de la barra, sino que también exigía a sus miembros que rindieran cuentas sobre los ingresos generados en cada partido. En su ausencia, Leandro Vinardi, quien cumple su condena en la Unidad Residencial 6 del Complejo Penitenciario Federal Nº 1 de Ezeiza, ha asumido un rol clave en la reestructuración de las actividades de la barra, delegando funciones incluso a su pareja, Sabrina Barrías, para asegurar el flujo de dinero que ingresaba al grupo.
El caso de Luciano Gallardo es un claro ejemplo de cómo las barras bravas han logrado infiltrarse en la gestión de clubes de fútbol, utilizando métodos violentos y extorsivos para mantener su influencia y control. La condena impuesta es un paso significativo hacia la lucha contra este tipo de organizaciones, pero también plantea la pregunta sobre la necesidad de implementar medidas más efectivas y contundentes para erradicar la violencia y la corrupción en el ámbito del deporte.
