El pasado jueves 26 de marzo, el sistema judicial de Paraná tomó la decisión de extender la prisión domiciliaria de Yamil Cabrera, el principal imputado en el caso del asesinato de Jazmín Ayesha González. Este trágico suceso tuvo lugar en octubre de 2025 y conmocionó a la comunidad, ya que la joven de tan solo 16 años perdió la vida tras recibir un disparo en la cabeza durante una acalorada discusión en el barrio Bajada Grande. La decisión de la jueza Marina Barbagelata alarga la medida cautelar hasta el 22 de julio de 2026, en un contexto donde la investigación sigue su curso y el caso ha captado la atención pública y mediática.
El asesinato de Jazmín se produjo en el marco de un enfrentamiento entre un grupo de adolescentes y Cabrera, quien se encontraba como acompañante en una motocicleta. Según las declaraciones y pruebas recabadas, el conflicto se intensificó cuando Cabrera fue agredido con una piedra, lo que lo llevó a utilizar un revólver calibre .38. En la confusión del momento, disparó en dos ocasiones: el primer tiro fue dirigido a sus agresores, pero el segundo impactó de manera fatal en la joven, quien se encontraba en una motocicleta que se interpuso en el camino del proyectil. Este desenlace trágico subraya la gravedad de la violencia juvenil y el uso irresponsable de armas de fuego.
En el mismo incidente, Julián Jonathan Manrique, el conductor de la moto que acompañaba a Jazmín, sacó una pistola de 9 milímetros y disparó contra los agresores, desatando un caos aún mayor. El fiscal Leandro Dato ha enfatizado la peligrosidad de esta acción, dado que ocurrió en un lugar concurrido, donde muchas personas salían de una fiesta, poniendo en riesgo la vida de terceros. Ambos implicados carecían de permisos legales para portar las armas, lo que agrava su situación legal y moral en este caso.
Tras el suceso, tanto Cabrera como Manrique intentaron desvincularse de la escena del crimen. Según el abogado de la familia de la víctima, Boris Cohen, ambos se dieron a la fuga y se encontraron en un taller de gomería cercano, donde fueron captados por una cámara de seguridad mientras desechaban las armas utilizadas en el crimen. Esta evidencia, junto con otros testimonios y grabaciones, ha sido fundamental para la Fiscalía en la construcción del caso, que se presenta como complejo y con múltiples aristas.
Los antecedentes de este caso son alarmantes. Tras el ataque, Manrique se presentó en un hospital donde se encontraba la familia de Jazmín, lo que generó una rápida intervención policial que llevó a su detención. Por su parte, Cabrera ingresó al hospital San Martín con lesiones de arma blanca, lo que indica que la situación se tornó aún más violenta y caótica. Ambos jóvenes se encuentran en una situación legal complicada, con Cabrera enfrentando cargos de homicidio agravado que podrían conllevar penas de entre diez y veinticinco años de prisión, mientras que Manrique se enfrenta a acusaciones de homicidio en grado de tentativa y tenencia ilegal de armas.
El desarrollo de este caso muestra la necesidad de abordar con seriedad la problemática de la violencia juvenil y la posesión de armas en manos de menores. La prolongación de la prisión domiciliaria de Cabrera no solo es una medida cautelar, sino un llamado de atención sobre la gravedad de los actos de violencia que se pueden desencadenar en situaciones que involucran a adolescentes. A medida que el proceso avanza, se espera que se alcance un posible juicio abreviado, respaldado por la abundante evidencia recopilada por el fiscal, lo que podría acortar los tiempos judiciales y ofrecer un cierre a un caso que ha dejado una herida profunda en la comunidad de Paraná.
