El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, anticipó que no cumplirá una resolución judicial que intimó al Poder Ejecutivo provincial a comprar carne roja para reforzar las viandas de las personas detenidas en cárceles de Trelew. La medida fue dictada por el juez Marcelo Nieto Di Biase, quien estableció un plazo de 72 horas para concretar la adquisición.
La decisión surgió de una audiencia realizada el miércoles pasado, en el marco de un hábeas corpus colectivo presentado por internos de un pabellón del Instituto Penitenciario Provincial (IPP). Desde marzo, el Ministerio de la Defensa Pública reclama por la calidad de los alimentos que reciben los detenidos y plantea la necesidad de aumentar el aporte de proteínas en las comidas.
El planteo también alcanza a personas privadas de su libertad que deben seguir tratamientos médicos. A partir de la orden judicial, el subsecretario de Justicia, Rodrigo Miquelarena, informó que ya se inició un expediente administrativo para adquirir carne y reforzar las comidas diarias de los detenidos alojados en la Alcaidía Policial y en el IPP.
Torres cuestionó públicamente la resolución y sostuvo que no la acatará. El gobernador calificó la medida como propia de un “garantismo berreta” y afirmó: “Hay que terminar de una vez por todas con el garantismo berreta de un sector de la Justicia que parece estar más preocupado por los delincuentes que por los derechos de los chubutenses de bien”.
