La Policía Nacional del Perú ha intensificado las medidas de seguridad en los puntos de salida del país, tanto en aeropuertos como en terminales terrestres, con el objetivo de evitar que funcionarios de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) escapen mientras son objeto de una investigación por irregularidades en las recientes elecciones generales. La decisión se produce en un contexto de creciente preocupación por el manejo del proceso electoral, que ha dejado a miles de votantes sin poder ejercer su derecho a sufragar en la fecha estipulada.
El teniente general Manuel Lozada, director nacional de Investigación Criminal de la Policía, ha dado instrucciones claras para que se refuercen las medidas de vigilancia en puertos y aeropuertos, así como en zonas de frontera y puestos de control. Este despliegue de efectivos y recursos busca prevenir cualquier intento de fuga por parte de los funcionarios implicados, quienes están siendo investigados por la Segunda Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios. Esta pesquisa ha surgido a raíz de problemas logísticos que llevaron a la postergación del voto para 52.000 ciudadanos, además de la aparición de boletas de sufragio abandonadas en diversos distritos de Lima.
La atención se centra en Piero Corvetto, jefe de la ONPE, quien junto a otros funcionarios, enfrenta acusaciones de colusión en perjuicio del Estado. Las actuaciones de la ONPE, que incluyeron demoras significativas en la apertura de mesas de votación, han suscitado un amplio rechazo y han puesto en tela de juicio la integridad del proceso electoral. La situación se torna más grave dado que la Dirección contra la Corrupción de la Policía Nacional ha manifestado su intención de solicitar a la Fiscalía la detención preliminar de Corvetto y de otros miembros del organismo electoral.
El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, ha calificado esta situación como sin precedentes en la historia electoral reciente del país, señalando que nunca antes se había visto una demora tan notoria en la capital, donde reside aproximadamente un tercio de la población peruana. Burneo también destacó que la ONPE había garantizado que el material electoral llegaría a tiempo, por lo que las demoras han suscitado muchas dudas sobre la capacidad de la institución para llevar a cabo un proceso electoral transparente y eficiente.
Las irregularidades han llevado al JNE a presentar informes a las autoridades competentes el mismo día de las elecciones, y se espera que las pesquisas en curso determinen las responsabilidades de los funcionarios involucrados. El procurador del JNE ha denunciado penalmente a Corvetto y a otros tres altos funcionarios, lo que podría acarrear consecuencias severas para aquellos que se encuentren implicados.
Mientras tanto, con el 93,48% del total de votos escrutados, los resultados preliminares indican que la candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, se sitúa en primer lugar con un 17% de votos válidos, seguida por el izquierdista Roberto Sánchez con un 12% y el ultraconservador Rafael López Aliaga con un 11,9%. La incertidumbre sobre quién avanzará a la segunda vuelta persiste, y la situación actual en torno a la ONPE añade un nivel de tensión al ya complejo escenario electoral en Perú.
