El Gobierno de Perú declaró el estado de emergencia en cinco cárceles de alta seguridad durante un plazo de 60 días, con el objetivo de fortalecer la seguridad ciudadana. La medida establece que la Policía Nacional mantendrá el control de los establecimientos con apoyo de las Fuerzas Armadas y alcanza también un perímetro de hasta 200 metros alrededor de los penales.
La disposición afecta a las prisiones de Challapalca, ubicada en Tacna; Cochamarca, en Pasco; Miguel Castro Castro y Ancón I, en Lima; y Trujillo Varones, en La Libertad. De acuerdo con el decreto aprobado por el Ejecutivo de Keiko Fujimori, dentro del área alcanzada por la emergencia quedan suspendidos constitucionalmente los derechos a la libertad de tránsito, reunión y seguridad personal.
El operativo contempla tareas de vigilancia sobre el perímetro exterior, el espacio aéreo y el espectro electromagnético inmediato de las cárceles. Además, las autoridades anunciaron controles estrictos en los accesos y labores de inteligencia destinadas a prevenir fugas.
La medida también incluye operativos permanentes para decomisar teléfonos celulares, tarjetas SIM y armas que puedan estar en poder de los internos. El primer ministro de Perú, Luis Galarreta, sostuvo que el Gobierno avanzará con estas acciones independientemente de la espera por la aprobación de la solicitud de facultades.
