La gobernadora de Nueva Jersey, Mikie Sherrill, ha tomado medidas decisivas ante la creciente tensión en torno al centro de detención de inmigrantes Delaney Hall, ubicado en Newark. Este viernes, Sherrill anunció la creación de una zona de protesta 'protegida' por la policía estatal, destinada a facilitar un espacio seguro para los manifestantes que han estado activamente denunciando las condiciones en las que se encuentran los inmigrantes en el recinto. La decisión surge tras una serie de enfrentamientos entre manifestantes y agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), que culminaron en la detención de nueve personas durante la noche del jueves.

La gobernadora, durante una conferencia de prensa, hizo hincapié en que no permitirá que el ICE utilice la situación para justificar una expansión de sus operaciones en Nueva Jersey. Acompañada de otros funcionarios, Sherrill subrayó la importancia de mantener un espacio donde las protestas puedan realizarse de manera pacífica y ordenada. Esta medida se enmarca en un contexto más amplio donde legisladores, activistas y familiares de los detenidos han estado exigiendo respuestas sobre las condiciones de vida en Delaney Hall, donde aproximadamente 300 inmigrantes se encuentran bajo custodia.

Los disturbios en la zona no son nuevos; durante la última semana, varias manifestaciones han tenido lugar, algunas de las cuales han derivado en choques violentos. Según informaron medios locales, los agentes del ICE han hecho uso de porras para dispersar a los manifestantes, lo que ha alimentado la indignación entre los defensores de los derechos humanos. La gobernadora ha manifestado su compromiso de actuar con firmeza y ha presionado para que se realice una inspección completa de las instalaciones, aunque se ha encontrado con la negativa del ICE a permitir el acceso total.

En su declaración, Sherrill también instó a las autoridades, especialmente al ICE, a que desescalen la situación y respeten tanto las leyes como la Constitución de los Estados Unidos. Esta exhortación refleja no solo su preocupación por la seguridad de los manifestantes, sino también por el bienestar de los inmigrantes detenidos, que han denunciado condiciones inhumanas en diversas ocasiones. Algunos de ellos han iniciado huelgas de hambre como forma de protesta ante lo que consideran un trato injusto y degradante.

Delaney Hall, que opera bajo la gestión de GEO Group, se ha convertido en el mayor centro de detención del ICE en la Costa Este, con capacidad para albergar a más de 1.000 personas. El contrato de gestión, que asciende a 1.000 millones de dólares y tiene una duración de 15 años, ha sido objeto de críticas por parte de organizaciones de derechos humanos que cuestionan el trato que reciben los inmigrantes. En este sentido, Sherrill ha afirmado que continuará presionando para que se cierre el centro, en un claro intento de priorizar los derechos de los detenidos.

Por su parte, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ha rechazado las acusaciones sobre las condiciones en Delaney Hall, calificándolas de 'falsas'. Según su comunicado, los políticos que defienden a los inmigrantes en jurisdicciones consideradas 'santuario' estarían fomentando disturbios violentos con sus declaraciones. Además, el DHS defendió las condiciones de detención, argumentando que los inmigrantes reciben tres comidas al día, atención médica y el debido proceso legal.

El presidente del Caucus Hispano del Congreso de EE.UU., Adriano Espaillat, se ha sumado a las críticas, destacando reportes alarmantes sobre el uso de gas lacrimógeno y lesiones sufridas por los detenidos, instando a una investigación inmediata. La situación en Delaney Hall sigue siendo tensa, y mientras las protestas continúan, la gobernadora Sherrill se mantiene firme en su compromiso de garantizar un trato humano y justo para todos los involucrados.