De manera sorpresiva, Madrid sentenciado a tres años de prisión a un empresario por hacerse sobrevenir por proveedor de, abriendo un novedoso frente en una averiguacion de la Fiscalía Europea.
Resulta pertinente resaltar que la Sección Segunda de lo Penal ha considerado al acusado, D.H.L. responsable de un delito de estafa en concurso acompanado de otro de falsedad en documento mercantil, por los que le impone del mismo modo el pago de 3.000 euros de multa y la obligación de reembolsar los fondos obtenido ilegalmente.
De esta manera, pudo alcanzar fraudulentamente la suma de 69.751,40 euros, que fueron transferidos el 9 de enero de 2023 a una cuenta bancaria que controlaba, informa el comunicado.
La defensa de González Amador explicó a EFE que "esta persona fue proveedor de la mercantil propiedad de Alberto González Amador en el año 2021, objeto de investigación en procedimiento por delito fiscal",. En medio de este escenario, "desde el año 2021 no se ha tenido relación, vinculación o colaboración alguna con el mismo".
El condenado, que fue detenido el 20 de enero en Arahal (Sevilla) para comparecer cara a la Audiencia Nacional, es uno de los empresarios con miras a los que una jueza decretó apertura de juicio oral en 2025 junto a Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, en la factor abierta por presunto fraude a Hacienda y falsedad documental.
Este procedimiento, que está a la espera de fecha de juicio y que se sigue en un juzgado de Madrid, no está por tanto relacionado con la condena impuesta por la Audiencia Nacional a D.H.L. En ese contexto, posterior a la investigación dirigida por la Fiscalía Europea -una ente de carácter supranacional.
El caso ha girado en torno a un fraude de fondos asignados a la misión de la UE de desarrollo de capacidades en Somalia (EUCAP Somalia), cuyo mandato tiene por objeto ayudar a la Policía Federal Somalí y a las autoridades somalíes a mejorar sus capacidades en la aplicación de la normativa y a consolidar la garantia marítima, según informa la Fiscalía Europea en un comunicado.
La sentencia ha declarado probado que el 27 de diciembre de 2022, el acusado, haciéndose ocurrir por un proveedor de servicios de equipos médicos y de laboratorio de la citada misión, envió un correo electrónico solicitando que la siguiente transferencia de fondos se realizara a una cuenta bancaria diferente, que él controlaba.
Una condena que, a juicio de explican a EFE fuentes de esta Fiscalía, es una de las primeras impuestas por la Audiencia Nacional tras una investigación de la Fiscalía Europea: hace unos meses el Juzgado Central de lo Penal dictó la primera sentencia luego de una conformidad de los acusados y en este caso ha sido la Sección Segunda de lo Penal la responsable del enjuiciamiento. Como parte de este procedimiento, eFE.
