En un contexto de creciente violencia y crisis de seguridad, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, expresó su descontento con las Naciones Unidas tras las preocupaciones planteadas por diversos organismos sobre las desapariciones forzadas en el país. Esta declaración se produce en medio de la implementación de un "conflicto armado interno" que se declaró en 2024, en respuesta a las actividades de grupos criminales que han generado un alarmante incremento en la criminalidad. Noboa argumentó que la ONU debería adoptar un enfoque más centrado en la vida de las personas en lugar de señalar lo que considera una inclinación ideológica en sus informes.

En una entrevista con un medio local, el mandatario ecuatoriano cuestionó la postura de la ONU, sugiriendo que su atención debería dirigirse a la protección de la mayoría de la población que no comete delitos. "Es fundamental garantizar la vida de quienes son inocentes y revisar la situación de aquellos que sí están involucrados en actividades delictivas", afirmó Noboa. Esta crítica se produce después de que un comité de la ONU manifestara su "profunda alarma" por las denuncias de al menos 51 desapariciones forzadas, incluyendo menores de edad, supuestamente a manos de las fuerzas de seguridad durante operativos realizados en un contexto de estados de excepción.

El Comité de las Naciones Unidas contra las Desapariciones Forzadas también ha expresado su preocupación por la creciente militarización de la seguridad pública en Ecuador, sugiriendo que esta tendencia podría estar contribuyendo a los abusos de derechos humanos. Los expertos instaron al gobierno ecuatoriano a reducir el uso de medidas extraordinarias y a garantizar que la participación militar en asuntos de seguridad sea realmente excepcional y supervisada por civiles. La crítica de la ONU se suma a un creciente coro de voces dentro y fuera del país que han manifestado su inquietud por la forma en que se está manejando la crisis de seguridad en Ecuador.

Recientemente, un grupo de ocho relatores de la ONU envió una carta al gobierno ecuatoriano en la que cuestionaron la designación de las organizaciones criminales como "grupos terroristas". En su misiva, los expertos advirtieron que esta clasificación podría ser utilizada para justificar acciones ilegales por parte del Estado. También recordaron al Ejecutivo que otros organismos internacionales habían señalado anteriormente preocupaciones sobre el uso excesivo de la fuerza por parte de las Fuerzas Armadas, así como denuncias de torturas, detenciones arbitrarias y ejecuciones extrajudiciales.

En respuesta a la creciente violencia que ha asolado al país, Noboa ha implementado una serie de medidas, incluyendo un toque de queda nocturno en varias provincias. En su defensa, el presidente ha solicitado a la ONU un informe sobre los homicidios registrados en Ecuador en 2025, resaltando que hasta la fecha se han contabilizado más de 1.800 muertes violentas. "¿Dónde están los informes acerca de la cantidad de jóvenes asesinados por el narcotráfico y otras formas de criminalidad?", cuestionó Noboa, sugiriendo que la comunidad internacional debería prestar más atención a estos problemas.

A principios de marzo, Noboa anunció una "nueva fase" en su lucha contra las organizaciones delictivas, destacando la colaboración con Estados Unidos para fortalecer las operaciones de seguridad. Sin embargo, la situación sigue siendo tensa y compleja, con un ambiente de desconfianza hacia las fuerzas de seguridad y un creciente temor por parte de la población. El desafío para el gobierno ecuatoriano es encontrar un equilibrio entre la seguridad y el respeto por los derechos humanos, en un contexto donde la violencia parece desbordar los límites establecidos.

Ecuador enfrenta uno de los momentos más críticos de su historia reciente, donde la lucha contra el crimen organizado ha llevado a una escalada de violencia que ha dejado un saldo trágico en la sociedad. Las declaraciones de Noboa y las preocupaciones de la ONU son solo una parte de un debate más amplio sobre cómo abordar esta crisis y las implicaciones que tiene para el futuro del país.