Néstor Ortigoza, exfutbolista argentino, ha recibido una serie de decisiones judiciales desfavorables que han impactado su situación personal y profesional. A pesar de que su causa por violencia de género en contra de su exesposa, Lucila Cassiau, permanece estancada, las autoridades han tomado medidas drásticas en su contra debido a la falta de pago de la cuota alimentaria correspondiente a sus hijos menores. Esta situación ha llevado a que se le prohíba la salida del país y se lo inscriba en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos, marcando un giro significativo en su vida tras su carrera deportiva.

Las resoluciones judiciales han sido dictadas por la sala 2 de la Cámara Civil y Comercial de Morón, así como por el Juzgado de Familia de Lomas de Zamora. En el primer dictamen, se abordó una demanda presentada por la madre de su hija, mientras que el segundo fallo se originó a raíz de múltiples denuncias realizadas por Cassiau, quien ha señalado el incumplimiento de las obligaciones alimentarias para el hijo que comparten. Ambos fallos reflejan un contexto de desatención por parte de Ortigoza hacia sus responsabilidades familiares, lo que ha llevado a que los jueces consideren su comportamiento como problemático y reiterado.

Los jueces Miguel Caviglione Fraga y Eduardo Quadri, quienes firmaron la primera sentencia, establecieron que Ortigoza había llegado a un “punto de incumplimiento reiterado”. Esta afirmación resalta la gravedad de la situación y justifica la medida cautelar solicitada por su ex pareja, que había pedido explícitamente que se le impidiera salir del país. La resolución del tribunal fue contundente: “La salida de Néstor Ortigoza del país queda bloqueada hasta tanto cumpla íntegramente con las obligaciones alimentarias fijadas y regularice los montos adeudados respecto de la menor”.

En cuanto a la decisión del Juzgado de Familia, se determinó que Ortigoza había ignorado diversas intimaciones judiciales en relación a las cuotas alimentarias de su hijo con Cassiau. Este comportamiento ha sido calificado como “una conducta irregular”, lo que ha llevado a las autoridades a subrayar que el cumplimiento de la cuota alimentaria no es solo una cuestión legal, sino también una responsabilidad moral. La inscripción en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos es un paso más que resalta la seriedad de su falta y las implicaciones que conlleva.

Cabe recordar que Ortigoza ya había enfrentado sanciones en el ámbito deportivo. En febrero de este año, el Club Atlético San Lorenzo de Almagro decidió suspenderlo como socio por un año, debido a la causa de violencia de género que se encuentra bajo investigación. Esta medida fue adoptada por el Tribunal de Ética y Disciplina del club, que alegó que el exfutbolista había incurrido en una infracción al artículo 35 de su estatuto. La sanción no solo afecta su estatus dentro del club, sino que también limita su capacidad para participar en actividades institucionales, como asistir a los partidos o votar en asambleas.

La falta de resolución en el expediente por violencia de género, que se inició tras la denuncia de Cassiau en 2024, ha contribuido a la incertidumbre en la vida de Ortigoza. La causa ha estado paralizada durante un año, luego de que la fiscal que llevaba el caso se declarara incompetente, lo que ha generado un vacío legal en torno a su situación. Este estancamiento podría tener repercusiones significativas en su futuro, tanto personal como profesional, a medida que las autoridades continúan evaluando sus obligaciones y el cumplimiento de las mismas.

A medida que la situación de Néstor Ortigoza se desarrolla, se vislumbran importantes desafíos en su vida. La combinación de problemas legales y la imposibilidad de salir del país no solo afectará su vida familiar, sino que también tendrá un impacto en su reputación y en sus oportunidades futuras dentro del ámbito deportivo. En un contexto donde las responsabilidades familiares y legales son fundamentales, la historia de Ortigoza se convierte en un recordatorio de las complicaciones que pueden surgir en la vida de figuras públicas cuando no se cumplen con sus obligaciones.