El gobierno de la provincia de Santa Fe ha comenzado a implementar un sistema de sanciones económicas para las familias de los adolescentes que realizan amenazas en instituciones educativas. La primera notificación de multa fue emitida recientemente, y el monto asciende a la impresionante cifra de $6.024.944, correspondiente a los costos derivados del operativo realizado por las fuerzas de seguridad. Esta medida, según las autoridades, busca no solo sancionar, sino también concientizar a los padres sobre las consecuencias de las acciones de sus hijos.
Pablo Cococcioni, ministro de Justicia y Seguridad de Santa Fe, brindó detalles sobre esta nueva normativa durante una conferencia de prensa. La notificación fue entregada en la ciudad capital a ambos padres del menor que realizó la amenaza, y se espera que estas medidas sean un llamado de atención para aquellos que subestiman la gravedad de tales actos. La reacción del padre, quien calificó la situación como “cara la jodita”, refleja la incredulidad que sienten algunas familias ante la imposición de estas multas.
Las multas se emiten en función del costo real del operativo policial que se llevó a cabo en respuesta a la amenaza, lo que incluye gastos en combustible, vehículos, personal especializado y horas de servicio. El objetivo es que los padres asuman la responsabilidad financiera por las acciones de sus hijos, y se espera que cumplan con el pago en un plazo de cinco días. Si no lo hacen, el caso es derivado a la Fiscalía de Estado, lo que podría acarrear consecuencias legales adicionales.
Hasta el momento, se han identificado a responsables en 58 incidentes de amenazas en escuelas, lo que involucra a más de 70 personas, dado que en algunos casos hay múltiples autores o adultos responsables. Cococcioni destacó que, a medida que la Fiscalía valida las identidades de los involucrados, se emiten las intimaciones correspondientes, lo que podría resultar en un total de multas que superen los $250 millones. Esta cifra inicial tiene el potencial de aumentar a medida que se continúan realizando nuevas validaciones.
Es importante subrayar que este sistema de multas no se trata de sanciones penales, sino de indemnizaciones civiles por el daño causado. Cococcioni aclaró que la deuda se ejecuta de acuerdo con el Código Civil y Comercial de Santa Fe, lo que podría permitir medidas como embargos de sueldos o la inhibición de bienes de los responsables. Esta distinción es crucial, ya que se busca evitar que las amenazas sean minimizadas como simples travesuras y enfatizar la necesidad de una respuesta social y legal efectiva.
La decisión de cobrar a los padres por los operativos policiales refleja un cambio de enfoque en la manera en que la sociedad enfrenta la problemática de las amenazas en las escuelas. Si bien el objetivo principal es brindar seguridad a los estudiantes y al personal educativo, la medida también busca promover una mayor responsabilidad entre los padres. La administración de Cococcioni ha dejado claro que es fundamental cuidar los recursos públicos y garantizar que no se repitan situaciones que pongan en riesgo la integridad de la comunidad educativa. El desarrollo de este nuevo marco normativo marca un hito en la gestión de la seguridad escolar en Santa Fe y podría servir de modelo para otras provincias que enfrentan desafíos similares en el ámbito educativo.
