La trágica muerte de Ángel López, un niño de tan solo cuatro años, ocurrida el 5 de abril, ha desatado una profunda investigación que gira en torno a la posibilidad de un crimen. Recientemente, un informe elaborado por los profesionales de la ambulancia que lo trasladaron al hospital ha arrojado luz sobre el caso, mencionando la existencia de un "traumatismo previo". Este hallazgo ha intensificado las sospechas sobre la familia del menor, lo que ha derivado en un análisis minucioso de las circunstancias que rodearon su fallecimiento.
El documento emitido por el Hospital Regional de Comodoro Rivadavia detalla que Ángel fue transportado por el servicio de emergencias 107, y su ingreso al centro médico fue en un estado crítico. Los paramédicos informaron que el niño llegó con un paro cardiorrespiratorio y, según su relato, había antecedentes de un golpe previo, lo que plantea serias interrogantes sobre lo que realmente ocurrió en las horas previas a su muerte. La revelación de esta información ha llevado a los investigadores a indagar más a fondo en la situación familiar del niño y en las posibles responsabilidades de quienes lo rodeaban.
El informe médico también señala que el pequeño llegó al hospital inconsciente y sin respuesta a estímulos, presentando signos de una gravedad extrema. A pesar de los esfuerzos del equipo médico, que incluyeron maniobras de reanimación, ventilación asistida e intubación de urgencia, la situación de Ángel era crítica. Durante el traslado en la ambulancia, ya se habían realizado masajes cardíacos y se había administrado medicación con la esperanza de estabilizarlo, lo que subraya la gravedad de su estado al momento de ser atendido.
La historia clínica del menor, que ahora forma parte del material probatorio en la causa, indica un "mal estado general" y "palidez", lo que refuerza la necesidad de entender la naturaleza del traumatismo mencionado. Las autoridades deben determinar cuándo ocurrió este golpe y si está vinculado directamente con el paro cardiorrespiratorio que sufrió Ángel, así como las implicaciones que esto podría tener en la investigación en curso.
La madre del niño, Mariela Altamirano, había manifestado que su hijo sufrió un desvanecimiento mientras dormía y que falleció poco después de ser ingresado al hospital. No obstante, la autopsia preliminar reveló la existencia de lesiones internas en la cabeza del pequeño, lo que ha puesto en tela de juicio su versión. Este hallazgo ha llevado a la fiscalía a revisar las declaraciones y las circunstancias que rodearon el desenlace trágico.
En un giro significativo, el padre biológico de Ángel, Luis López, ha presentado una denuncia penal ampliada que no solo señala a Mariela Altamirano y a su pareja, Maicol González, como presuntos responsables de un homicidio agravado, sino que también incluye a jueces, asesores de familia y funcionarios del Servicio de Protección. En su denuncia, Luis sostiene que estas autoridades ignoraron alertas de riesgo y no actuaron para garantizar la seguridad del niño, lo que podría implicar una grave corresponsabilidad estatal.
Luis López argumenta en su escrito que la muerte de su hijo no es un suceso aislado, sino el resultado directo de una cadena de acciones y omisiones que involucraron tanto a quienes tenían el cuidado directo de Ángel como a los funcionarios estatales. Esta denuncia, que ha generado un gran revuelo, pone de manifiesto la necesidad de un análisis exhaustivo sobre la protección de los derechos de los niños y la respuesta de las instituciones ante situaciones de riesgo. La complejidad del caso invita a una reflexión profunda sobre la responsabilidad compartida en la protección de los menores y las fallas que pueden llevar a desenlaces tan trágicos como el de Ángel.
