En un reciente comunicado, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de México ha desmentido la existencia de una Notificación Roja de Interpol contra Rubén Rocha Moya, actual gobernador con licencia del estado de Sinaloa. Esta aclaración surge en respuesta a rumores que circulaban sobre una posible orden internacional en su contra, generando una serie de interrogantes sobre la situación legal del político sinaloense.
La SSPC, tras realizar las consultas necesarias con diversas autoridades tanto nacionales como internacionales, confirmó que no existe ningún mecanismo de búsqueda internacional que involucre a Rocha Moya. Este pronunciamiento se produce en un contexto de creciente atención hacia las actividades del gobernador, quien se encuentra bajo investigación por parte de la Fiscalía General de la República (FGR) de México debido a acusaciones formuladas en Estados Unidos. Dichas acusaciones implican a Rocha Moya y a otros nueve funcionarios en supuestos delitos relacionados con el tráfico de drogas y armas.
El gobernador con licencia ha sido proactivo en su defensa y, a través de sus redes sociales, notificó su comparecencia ante la FGR en Culiacán. En su mensaje, aseguró haber respondido a todas las preguntas planteadas por los agentes del Ministerio Público Federal, subrayando su compromiso con la transparencia y la legalidad. Este gesto puede interpretarse como una estrategia para reforzar su imagen pública en medio de las acusaciones que enfrenta.
La investigación en su contra está motivada por una denuncia presentada el 29 de abril por fiscales del Distrito Sur de Nueva York, quienes han solicitado la detención con fines de extradición de varios funcionarios mexicanos. Esta situación ha puesto de relieve las relaciones entre México y Estados Unidos en el ámbito de la lucha contra el narcotráfico, un tema que ha sido recurrente en la agenda política de ambos países. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha exigido que Estados Unidos presente pruebas concretas de las acusaciones, lo que refleja la tensión existente en la cooperación bilateral en temas de seguridad.
Aparte de Rocha Moya, otros funcionarios también han sido llamados a declarar, incluyendo al senador oficialista Enrique Inzunza Cázarez y al alcalde con licencia de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil. La FGR ha manifestado su intención de llevar a cabo estas indagatorias de manera exhaustiva y seria, lo que es fundamental para mantener la confianza pública en el sistema judicial del país.
La situación es especialmente delicada en Sinaloa, un estado que ha sido históricamente afectado por la violencia asociada al narcotráfico y donde la política local se ha visto impactada por las actividades de organizaciones criminales. En este contexto, la reacción de la opinión pública y de los actores políticos será crucial para determinar las implicancias de estas investigaciones. La resolución de este caso podría tener repercusiones no solo para los involucrados, sino también para la estabilidad política en la región.
