Este domingo, Ginebra se convirtió en escenario de una masiva manifestación en contra de la cumbre del G7, que culminó con la detención de 549 personas. La protesta, que reunió a un número significativo de ciudadanos, se tornó violenta cuando un grupo de aproximadamente 600 individuos, identificados como parte del 'black block', iniciaron actos de vandalismo, dirigiéndose especialmente contra sucursales bancarias. Este tipo de manifestaciones ha generado un intenso debate sobre el balance entre el derecho a protestar y las medidas de seguridad implementadas por las autoridades.
La cifra de manifestantes varía según las fuentes: la policía local estima que unas 20.000 personas se congregaron, mientras que la coalición organizadora, conocida como NoG7, eleva esa cifra a 30.000. Las tensiones comenzaron a escalar cuando algunos manifestantes comenzaron a enfrentarse con las fuerzas de seguridad, lo que llevó a la implementación de un operativo policial para controlar la situación. Un agente resultó herido durante los enfrentamientos, lo que subraya la gravedad de los incidentes ocurridos durante la jornada.
Carole-Anne Kast, consejera de Estado de Ginebra y responsable del Departamento de Instituciones y Tecnología Digital, defendió la actuación de la policía en una entrevista con un medio local. Kast argumentó que la estrategia utilizada fue “casi perfecta” y “proporcionada”, asegurando que se realizaron esfuerzos para minimizar el impacto sobre aquellos manifestantes que se mantenían en un marco pacífico. Según su versión, la vanguardia de la protesta pudo completar casi todo su recorrido antes de que se desatara la violencia.
A pesar de la autorización de la manifestación hasta las 22:30 horas, las autoridades decidieron disolverla poco después de las 18:00. La intervención se justificó como una medida preventiva para evitar que los disturbios se extendieran, especialmente en el parque Mon Repos, donde se congregaban muchos manifestantes. Sin embargo, esta decisión fue criticada por algunos sectores que consideraron que se trató de una acción desmedida.
La respuesta de las fuerzas de seguridad incluyó el establecimiento de un cordón policial que se mantuvo hasta las primeras horas de la madrugada. Esta acción, aunque diseñada para realizar los controles pertinentes, generó que muchos manifestantes quedaran atrapados en el perímetro, lo que llevó a cuestionamientos sobre la proporcionalidad de la respuesta. Kast, al ser consultada sobre esta medida, indicó que no era el momento de hacer valoraciones, sugiriendo que la situación requería un análisis más profundo.
Por otro lado, la coalición NoG7 expresó su desacuerdo con la actuación policial, calificándola de “totalmente desproporcionada”. Alice Lefrançois, secretaria del sindicato suizo SIT, denunció una represión que consideró inaceptable, afirmando que la violencia fue exacerbada por la intervención policial. La tensión entre las autoridades y los manifestantes plantea un dilema en torno a la gestión de las protestas en un contexto de creciente descontento social y político en Europa.
