La tragedia que rodea la muerte de Ángel López, un niño de apenas cuatro años, ha tomado un giro significativo luego de que se conocieran los resultados preliminares de la autopsia. El juez Alejandro Soñis, encargado del caso, accedió a la solicitud de los fiscales Cristian Olazábal y Facundo Oribones, y modificó la imputación de Mariela Altamirano, madre del menor. Ahora, la mujer es acusada de "homicidio agravado por el vínculo" en lugar de ser señalada por omisión, como se había planteado inicialmente en el expediente.
El fatídico deceso del niño tuvo lugar el 5 de abril en Comodoro Rivadavia, y desde entonces, la investigación ha estado bajo un intenso escrutinio público. La audiencia para ampliar la investigación se realizó en un formato semipresencial, donde se debatieron los detalles del informe forense y otros documentos médicos que sugirieron un contexto de violencia en el hogar de Ángel. En esta ocasión, también está imputado Michel González, pareja de Altamirano, quien enfrenta cargos de homicidio simple.
Durante la audiencia, la fiscalía expuso que tanto Altamirano como González habían ejercido maltrato sobre el niño, lo que había contribuido a un deterioro significativo en su salud. En este sentido, el fiscal Oribones indicó que existían evidencias contundentes de lesiones, subrayando que el niño había sido sometido a prácticas crueles, como baños de agua fría. Estos actos de violencia, en el marco de la convivencia familiar, fueron considerados factores que justificaron el cambio en la acusación hacia la madre, quien ahora es vista como partícipe activa en el homicidio de su hijo.
Los resultados de la autopsia revelaron que Ángel falleció debido a una "bronquiolitis y bronconeumonía" en conjunto con un traumatismo de cráneo. La investigación médica también señaló que la muerte se produjo en un contexto de violencia infantil, lo que ha llevado a un mayor énfasis en la responsabilidad de los adultos a cargo del menor. Mientras tanto, la defensa de González solicitó que se esperara un informe de autopsia más detallado antes de aceptar cualquier cambio en la acusación, pero esto fue desestimado por el juez.
La querella, representada por Roberto Castillo, ha aplaudido la decisión del juez de modificar la imputación, ya que había sostenido desde el principio que Altamirano era incluso más violenta que su pareja. Esta perspectiva ha sumado una capa adicional de complejidad al caso, en el que se entrelazan temas de violencia de género, negligencia y la protección de menores. La situación se vuelve cada vez más preocupante al considerar que el niño había estado bajo la custodia de adultos que, según la fiscalía, sabían de su estado crítico pero optaron por no buscar la ayuda necesaria.
El Cuerpo Interdisciplinario Forense del Poder Judicial de Chubut ha proporcionado un análisis exhaustivo de las causas de muerte, destacando que el pequeño sufrió un "síndrome de respuesta inflamatoria sistémica" y daño multiorgánico debido a un proceso infeccioso. Este diagnóstico pone de manifiesto un cuadro clínico complejo que, según los forenses, fue exacerbado por las condiciones de vida del niño. La comunidad se pregunta ahora sobre cómo se pudo llegar a esta situación y qué medidas se pueden implementar para prevenir que tragedias como esta se repitan en el futuro.
El caso ha suscitado una fuerte reacción social y ha reavivado el debate sobre la violencia familiar y la protección infantil en el país. Las autoridades están bajo presión para garantizar que se haga justicia por Ángel y que tanto su madre como su padrastro enfrenten las consecuencias de sus actos. En este sentido, la sociedad civil y los organismos de protección de menores están más alerta que nunca ante la necesidad de abordar estas problemáticas de manera integral y efectiva.
