La defensa de Lucas Pertossi, uno de los condenados en el caso del homicidio de Fernando Báez Sosa, ha presentado una solicitud formal ante el Tribunal Oral en lo Criminal N°1 de Dolores para que se reemplace su prisión preventiva por medidas menos severas. Este pedido, fundamentado en el argumento del "plazo razonable" de la detención, busca que se evalúe la posibilidad de aplicar alternativas como la detención domiciliaria o el monitoreo electrónico.
Los abogados de la Defensoría de Casación bonaerense sostienen que la prolongada prisión preventiva de Pertossi, que comenzó el 18 de enero de 2020, ya supera los seis años sin una condena firme. En febrero de 2023, Pertossi fue sentenciado a 15 años de prisión, pero su defensa argumenta que la detención preventiva ha excedido los límites razonables, vulnerando así las garantías constitucionales relativas a la libertad personal.
En el escrito dirigido al juez Christian Ariel Rabaia, los defensores subrayan que si bien la prisión preventiva tiene como objetivo mitigar riesgos procesales, no debe confundirse con un adelanto de pena. Argumentan que la medida cautelar debe ser revisada periódicamente, considerando si los motivos que la fundamentaron aún están vigentes. Al respecto, citan normativas internacionales y provinciales, como la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que abogan por la excepcionalidad y revisión de la prisión preventiva.
Además, el documento resalta que actualmente no existe riesgo de entorpecimiento de la causa, dado que la investigación ha sido completamente cerrada y el debate oral ya se ha llevado a cabo. En cuanto al peligro de fuga, los defensores argumentan que Pertossi ha mantenido una conducta ejemplar en el sistema penitenciario, sin sanciones disciplinarias y cursando estudios universitarios en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata.
Los abogados de Pertossi insisten en que la larga duración de la prisión preventiva debe llevar a la judicatura a reconsiderar la situación del acusado y a explorar opciones menos gravosas. En su escrito, enfatizan que la continuidad de la prisión preventiva puede resultar en una equiparación de los efectos de la medida cautelar a los de una pena ya impuesta, lo que desnaturaliza su carácter provisional y la convierte en una restricción desproporcionada de la libertad personal.
Este caso ha despertado un amplio interés en la sociedad argentina, no solo por la gravedad del delito por el que se condenó a Pertossi, sino también por las implicaciones que tiene sobre el sistema judicial y los derechos humanos. La discusión sobre la duración de la prisión preventiva y su adecuación a los estándares internacionales se vuelve crucial en contextos donde las garantías individuales pueden verse comprometidas. La resolución del tribunal será un punto de inflexión en este caso, marcando un precedente sobre cómo se manejan las medidas cautelares en situaciones complejas y de alto impacto mediático.
