En el contexto actual de violencia y criminalidad, se observa un preocupante aumento en la actividad delictiva entre menores. Estos jóvenes no solo actúan con total impunidad, sino que también exhiben sus crímenes en redes sociales, creando una cultura de marginalidad que glorifica la violencia. Este fenómeno no es una invención de una ficción distópica, sino una realidad que afecta a la sociedad en su conjunto, y es imperativo abordarlo con urgencia.

La propuesta de modificar la edad de imputabilidad ha suscitado intensos debates en el ámbito legislativo. Lejos de ser un acto populista, como algunos han insinuado, se trata de una medida que responde a un sentido común necesario. La discusión en sesiones extraordinarias es un avance significativo, ya que muestra una voluntad de enfrentar el problema en lugar de posponerlo. Aunque esta legislación no resolverá de inmediato la crisis de inseguridad, representa un paso crucial hacia un enfoque más efectivo.

Es fundamental escuchar a las víctimas y no centrarse exclusivamente en los derechos de los delincuentes. La implementación de una edad de imputabilidad razonable, basada en datos concretos, puede marcar la diferencia. La percepción de que al cumplir 18 años se comienza a delinquir es errónea y refleja una desconexión de la realidad. La ley debe ir acompañada de un compromiso político serio y de un sistema de justicia que garantice que los menores que cometen delitos no sean liberados sin un adecuado proceso de rehabilitación.

Para que esta ley sea efectiva, se requiere una inversión en recursos y una colaboración efectiva entre los diferentes niveles de gobierno. Es momento de priorizar la seguridad de la ciudadanía, implementando medidas concretas y urgentes que vayan más allá de las palabras.

La experiencia vivida por las víctimas, como aquellos que han sufrido robos violentos, pone de manifiesto la necesidad de actuar. La seguridad de la sociedad debe ser una prioridad, y es hora de que se tomen decisiones que realmente aborden el problema de fondo.