La Subsecretaría de Recursos Humanos de la Municipalidad de La Plata ha tomado una decisión contundente al desvincular de inmediato a un funcionario municipal tras su arresto por acusaciones graves de abuso sexual y violencia de género. Este hecho se produce en un contexto donde la sociedad demanda respuestas efectivas y rápidas ante situaciones de violencia en el ámbito laboral y familiar. Las alegaciones contra el ex funcionario abarcan lesiones leves agravadas por el vínculo, en un marco de abuso sexual con acceso carnal, lo que ha llevado a las autoridades a actuar con firmeza.
El funcionario fue apartado de su cargo de manera urgente, aunque se aclaró que al momento de su incorporación al servicio público no existían antecedentes penales que impidieran su designación, conforme a la Ley Provincial 14.656. Para la creación de su legajo, se presentaron informes del Registro Nacional de Reincidencia y del Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, que reflejaban un historial limpio, lo que plantea interrogantes sobre el proceso de selección y verificación de antecedentes en la administración pública.
La investigación sobre este caso ha sido asignada a la fiscal Mariana Ruffino, quien lidera la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 13, especializada en delitos de violencia de género. La intervención del Juzgado de Garantías N° 4 de La Plata es fundamental, dado que se han recibido denuncias de tres mujeres que trabajaban bajo la supervisión del acusado. Estas denuncias no solo señalan acoso laboral, sino que también incluyen relatos de violencia de género y abuso sexual, lo que subraya la complejidad y gravedad de la situación.
El abogado Axel Hurtado, representante de las denunciantes, ha tomado medidas para asegurar la protección de sus clientas ante posibles represalias. Una de las denunciantes ha solicitado explícitamente que no se otorgue la libertad al imputado, mencionando la existencia de múltiples denuncias penales previas relacionadas con violencia y amenazas hacia mujeres, lo que añade una capa de preocupación sobre la posible reiteración de estos actos si el acusado recuperara su libertad.
Ante la gravedad de las acusaciones, la Justicia ha decidido denegar el pedido de excarcelación del imputado. En el expediente se han incorporado antecedentes que incluyen investigaciones por abuso sexual, lesiones y amenazas, lo que ha llevado a una evaluación más rigurosa sobre su situación. Resulta crucial que se tomen en cuenta estos antecedentes para garantizar la seguridad de las denunciantes y de la comunidad en general.
El ex funcionario, que ocupaba un cargo directivo en el municipio y tenía una posición privilegiada en la Defensoría del Pueblo bonaerense, es visto por las autoridades como alguien que podría haber utilizado su poder para intimidar a las víctimas. En este contexto, las fuerzas de seguridad han llevado a cabo un allanamiento en un departamento ubicado en el Puerto de Santa Fe, donde fue detenido Carlos C., el dirigente político bajo investigación. Durante este operativo, se encontraron elementos relevantes para la causa, incluyendo un revólver calibre .38 y una cantidad significativa de cocaína, lo que complica aún más su situación judicial.
La rápida respuesta de las autoridades municipales y judiciales ante estas denuncias es un paso importante en la lucha contra la violencia de género, un problema que ha cobrado relevancia en la agenda pública y que exige un enfoque integral y decidido. Este caso en particular destaca la necesidad de que las instituciones actúen con celeridad y eficacia para proteger a las víctimas y asegurar que se haga justicia.
