La Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas ha emitido una alarmante advertencia sobre la profunda crisis de violencia que azota a Haití, destacando que entre el 1 de marzo de 2025 y el 15 de enero de 2026 se registraron un total de 5.519 muertes. Estos fallecimientos son el resultado tanto de la violencia ejercida por grupos armados, conocidos como pandillas, como de las represalias violentas por parte de las fuerzas de seguridad y de grupos de autodefensa. Este informe pone de manifiesto no solo la magnitud de la violencia, sino también la creciente complejidad de la situación en el país caribeño, donde la expansión de estas organizaciones criminales ha trascendido la capital, Puerto Príncipe.
El informe señala que de las muertes contabilizadas, 1.424 fueron atribuidas directamente a las acciones de las pandillas, mientras que 3.497 resultaron de las operaciones de las fuerzas de seguridad que intentan contener su avance. Adicionalmente, 598 muertes fueron causadas por grupos de autodefensa, que se han autoconstituido en fuerzas de justicia, aunque en muchos casos su accionar se ha visto marcado por la violencia desmedida. Esta situación refleja una crisis de gobernabilidad, donde el Estado parece estar perdiendo el control sobre el territorio y la seguridad de sus ciudadanos.
La proliferación de pandillas ha llevado a estos grupos a consolidar su poder en áreas estratégicas, controlando rutas marítimas y terrestres que son esenciales para su financiamiento. El informe detalla cómo estas organizaciones han intensificado sus actividades delictivas, incluyendo asesinatos, secuestros, tráfico de personas, extorsiones y robos. La violencia ha alcanzado niveles alarmantes, afectando a la población civil, que se encuentra atrapada en un ciclo de terror y represión.
Entre las manifestaciones más graves de esta violencia, la Oficina de Derechos Humanos ha documentado el uso sistemático de la violencia sexual como herramienta de control y castigo. Se estima que al menos 1.571 mujeres y niñas han sido víctimas de violencia sexual, muchas de ellas sometidas a violaciones en grupo y obligadas a mantener relaciones forzadas con miembros de pandillas. Esta situación es un reflejo de la descomposición social y la falta de protección para las mujeres en un contexto de impunidad generalizada.
El informe también critica las prácticas de las fuerzas de seguridad, que han sido acusadas de usar fuerza excesiva en su intento de reprimir a las pandillas. Se han documentado 247 casos de ejecuciones extrajudiciales, de las cuales 196 han sido confirmadas. La denuncia subraya la falta de investigaciones que aclaren la legalidad de estas acciones y las circunstancias que rodean los asesinatos, lo que pone de relieve una preocupante falta de rendición de cuentas dentro del sistema judicial.
Además, se menciona la intervención de empresas militares privadas en operaciones de seguridad, las cuales han llevado a cabo ataques utilizando drones y helicópteros. Estos actos, que en muchos casos podrían calificarse como asesinatos selectivos, suscitan un debate sobre la legalidad de la privatización de la seguridad en un contexto ya frágil y violento. El informe de la ONU concluye con la urgente necesidad de establecer mecanismos que garanticen el acceso a la justicia y recursos efectivos para las víctimas de esta violencia.
La crisis en Haití exige atención y acción internacional, ya que la situación no solo afecta a la población local, sino que también tiene implicaciones regionales. La comunidad internacional debe considerar la posibilidad de intervenir de manera coordinada y efectiva para ayudar a restaurar el orden y la paz en un país que ha sido golpeado por años de inestabilidad. Mientras tanto, los haitianos continúan enfrentando un futuro incierto, marcado por la violencia y la desesperanza.
