El fiscal Gerardo Pollicita ha decidido no hacer lugar al pedido de detención inmediata del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, argumentando que no se presenta un "riesgo real o grave" que justifique tal medida en esta fase del proceso judicial. La solicitud había sido formulada por la diputada Marcela Pagano, quien consideraba que existían motivos suficientes para proceder con el arresto del funcionario en el marco de una denuncia por enriquecimiento ilícito.
Pollicita, al evaluar la petición de Pagano, se centró en la falta de elementos que pudieran corroborar un riesgo de fuga o la posibilidad de entorpecimiento en la causa, dos condiciones esenciales para que una solicitud de esta naturaleza sea aceptada. La fiscalía concluyó que, en este momento, no se verifican los "extremos necesarios" que justificarían la detención de Adorni, quien continúa ejerciendo su cargo como jefe de Gabinete del país.
No obstante, el fiscal dejó abierta la puerta a la implementación de otras medidas cautelares que podrían incluir, por ejemplo, la prohibición de contacto entre Adorni y ciertos testigos del caso. Esta decisión, aunque no implica el arresto del funcionario, sugiere que la investigación sigue su curso y que se están tomando en cuenta las denuncias realizadas por la diputada Pagano.
En paralelo a estos acontecimientos, la justicia ha ordenado la realización de un peritaje al celular de Matías Tabar, el contratista que declaró ante la fiscalía el pasado lunes. Este análisis busca confirmar la existencia de supuestos intercambios de mensajes entre Tabar, Adorni y su esposa, Bettina Angeletti, que podrían ser relevantes para el caso.
La diputada Pagano había argumentado que la detención de Adorni era necesaria debido a un intento de "apretar" a un testigo clave antes de su declaración. En su exposición, la legisladora sostuvo que, si bien no hay riesgo de fuga, sí existe un peligro de que el funcionario interfiera en el desarrollo de la causa, en especial tras las revelaciones que surgieron de la declaración de Tabar.
Pagano fundamentó su pedido en la doctrina “Irurzun”, que establece condiciones específicas para la detención de funcionarios en ejercicio. En su denuncia, la diputada alega que Adorni contactó a Tabar antes de su testimonio, ofreciendo "ayuda" y la posibilidad de conectar al arquitecto con su equipo. Además, se menciona que, en este intercambio, habrían sido borrados mensajes de WhatsApp que podrían contener información crucial para la investigación.
La legisladora también hizo referencia a informes periodísticos que indican que Tabar habría recibido presiones para eliminar conversaciones que podrían comprometer a Adorni a cambio de ventajas. Estas acciones, según Pagano, evidencian una estrategia de interferencia en el proceso judicial, dado que Tabar es considerado un testigo fundamental para corroborar las supuestas irregularidades económicas en las que estaría involucrado el jefe de Gabinete.
