La gobernadora de New Jersey, Mikie Sherrill, ha realizado una grave denuncia este lunes tras serle negado el acceso a Delaney Hall, un centro de detención de migrantes administrado por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE). Sherrill, perteneciente al partido demócrata, ha expresado su preocupación por las condiciones reportadas dentro de estas instalaciones, las cuales ha calificado de "inseguras e inconstitucionales". En un mensaje en sus redes sociales, enfatizó que los individuos detenidos son personas que merecen ser tratadas con dignidad y respeto, y que su situación es inaceptable.
La gobernadora, quien ha estado en contacto con familias y defensores de derechos humanos, ha manifestado que las historias que ha escuchado son desgarradoras. "Las personas recluidas en Delaney Hall incluyen padres, madres, hijos e hijas que están siendo sometidos a condiciones que no deberían existir en un país que se precia de ser un referente de derechos humanos", afirmó. Sherrill responsabiliza al ICE por ocultar la realidad de estos centros y promete seguir luchando para que se les brinde respuestas a las inquietudes planteadas.
En su declaración, Sherrill subrayó su oposición a la privatización de los centros de detención, una postura que ha mantenido a lo largo de su carrera. La gobernadora ha reiterado su compromiso de exigir el cierre de Delaney Hall, especialmente en vista de los informes sobre condiciones de vida inhumanas que han salido a la luz. También destacó la importancia de la colaboración con organizaciones de derechos civiles que están monitorizando la situación y demandando responsabilidad al Departamento de Seguridad Nacional.
El senador Cory Booker, también del partido demócrata y representante de New Jersey, se ha sumado a las críticas hacia Delaney Hall. Booker ha denunciado las deplorables condiciones que se viven en este centro y ha hecho eco de la situación de varios inmigrantes que han iniciado huelgas de hambre en protesta por la falta de respeto a sus derechos humanos. En sus redes sociales, Booker se comprometió a trabajar junto a otros funcionarios para poner fin a lo que considera una "pesadilla" para las personas detenidas en este lugar.
La presión sobre Delaney Hall ha ido en aumento, y no solo Sherrill y Booker han alzado la voz. Otros congresistas demócratas, como Andy Kim, Nellie Pou y Frank Pallone, también han exigido el cierre inmediato de este centro. Kim, en un mensaje reciente, relató cómo los detenidos han estado protestando por la falta de un debido proceso, la calidad inaceptable de la alimentación y el maltrato que experimentan, mientras sus familias y defensores se manifiestan en el exterior en busca de ayuda.
La situación en Delaney Hall ha generado un amplio debate sobre las políticas de inmigración y las condiciones de los centros de detención en Estados Unidos. Muchos críticos argumentan que estas instalaciones, a menudo privatizadas, no solo fallan en su deber de proporcionar un trato humano a los detenidos, sino que además perpetúan un ciclo de sufrimiento y desdén por los derechos fundamentales de las personas. La gobernadora y otros funcionarios electos han prometido no descansar hasta que se logre una reforma real y que se garantice el respeto por los derechos de todos los individuos, independientemente de su estatus migratorio.
