En el juicio relacionado con el hundimiento del submarino ARA San Juan, el Tribunal Oral Federal de Santa Cruz, con sede en Río Gallegos, desestimó un recurso presentado por el Ministerio Público Fiscal. Esta apelación buscaba revertir una decisión que restringió la participación activa de los fiscales en las audiencias del debate oral. Los magistrados determinaron que únicamente dos de los cuatro fiscales designados por el procurador general interino, Eduardo Casal, podrán intervenir activamente, mientras que los otros fiscales estarán presentes, pero sin capacidad de intervención.
El Ministerio Público Fiscal cuestionó esta limitación a través de un recurso de casación, el cual fue considerado inadmisible por los jueces, quienes argumentaron que se trataba de un tema procesal y no de una sentencia definitiva. Ante este rechazo, los fiscales decidieron presentar una queja ante la Cámara Federal de Casación Penal para que revise la decisión adoptada por el tribunal que lleva adelante el juicio.
El tribunal, integrado por los jueces Mario Gabriel Reynaldi, Enrique Nicolás Baronetto y Luis Alberto Giménez, investiga las posibles responsabilidades en el naufragio del ARA San Juan, ocurrido el 15 de noviembre de 2017 en el Atlántico Sur. El juicio, que comenzó el 6 de marzo, tiene como acusados a cuatro oficiales de la Armada, quienes enfrentan cargos por incumplimiento de sus deberes y otros delitos relacionados con la tragedia que dejó 44 tripulantes fallecidos. Según la acusación, los marinos habrían permitido que el submarino continuara operativo a pesar de fallas que comprometían su seguridad.
El ARA San Juan zarpó el 25 de octubre de 2017 desde la Base Naval Mar del Plata y, tras una breve escala, continuó su viaje desde Ushuaia el 8 de noviembre. Este operativo estaba enmarcado dentro de actividades de entrenamiento naval y de vigilancia del mar argentino, según lo dispuesto por el Comando de la Fuerza de Submarinos. Los fiscales sostienen que las decisiones de los acusados aumentaron el riesgo de la misión y contribuyeron a la tragedia, enfrentando cargos por omisión de deberes y estrago culposo agravado, entre otros.
