En un hecho que ha sacudido al municipio de Morón, la Policía Federal realizó un operativo el 21 de mayo en una vivienda de Castelar alquilada por Luna Soyai Ortigoza, quien hasta hace poco ocupaba el cargo de directora del Centro Territorial Integral de Políticas de Género y Diversidad. Este allanamiento se produjo tras varias denuncias anónimas que, en ocasiones anteriores, no habían dado resultados, pero en esta oportunidad revelaron una situación alarmante: se encontraron 509 gramos de cocaína, distribuidos en un ladrillo y varias piedras compactas, además de 26 gramos de marihuana. Las autoridades subrayan que estas sustancias estaban bajo su control, sugiriendo que Ortigoza no solo estaba relacionada con la venta de drogas, sino que también podría haber sido parte activa en su distribución.

El operativo no solo se limitó a la vivienda de Ortigoza. Los agentes de la División Operaciones Área Metropolitana Oeste también identificaron al novio de la ex funcionaria, Ángel Daniel Paz, de 34 años, quien es empleado de una empresa de seguridad. Según la investigación, se le atribuye el liderazgo de una red dedicada al narcomenudeo en la zona. Juntos, Ortigoza y Paz supuestamente operaban un sistema de delivery de drogas, utilizando una camioneta y una motocicleta para alcanzar a sus clientes, lo que ha generado inquietud en la comunidad sobre la proliferación de este tipo de actividades delictivas en el área.

Además de la droga, en el domicilio de Paz se halló un revólver calibre 32, cargado con tres cartuchos, lo que eleva la gravedad de la situación. Durante el mismo operativo, se detuvo a Norberto Hernán Aliano, quien fue señalado como miembro de la organización. En su casa, se encontraron dosis de clorhidrato de polvo blanco y marihuana, lo que refuerza la idea de una red bien organizada que opera en el distrito.

Luna Soyai Ortigoza no solo está siendo investigada por narcotráfico, sino que su situación financiera también ha sido objeto de atención. Se la considera una deudora “irrecuperable” por el sistema financiero, con una deuda que asciende a casi 6 millones de pesos. Este trasfondo económico podría haber influido en sus decisiones y en su involucramiento en actividades ilícitas. Cabe recordar que Ortigoza fue nombrada en su cargo en junio de 2025, en un contexto donde las políticas de género son fundamentales y requieren de funcionarios íntegros y comprometidos.

La relevancia de este caso trasciende lo policial. La comunidad de Morón ha manifestado su preocupación por la posibilidad de que una persona en una posición de responsabilidad en políticas de género esté vinculada a actividades delictivas. Esto plantea interrogantes sobre la supervisión y la transparencia en la gestión pública, especialmente en un área tan sensible como la de género y diversidad. En un momento donde el país busca avanzar en la lucha contra la violencia de género y la promoción de derechos, la implicación de una figura pública en un escándalo de narcotráfico podría tener repercusiones importantes en la confianza de la ciudadanía hacia las instituciones.

Los fiscales Emiliano Reggiani y Marisa Monti han solicitado la captura de Ortigoza y Paz, lo que refleja la seriedad de las acusaciones en su contra. Este caso invita a una reflexión profunda sobre los mecanismos de control y la necesidad de una mayor vigilancia en las áreas donde se toman decisiones que afectan a la sociedad. A medida que se desarrollan las investigaciones, la sociedad espera respuestas claras y contundentes que no solo esclarezcan los hechos, sino que también contribuyan a restaurar la confianza en las instituciones públicas.