En una reciente resolución de la Fiscalía Penal N° 4 de Chaco, se dictó la prisión preventiva contra Lidia Mabel Ojeda, conocida como la "falsa médica". Esta decisión se produjo justo al cumplir el plazo de diez días hábiles que establece el Código Procesal Penal provincial. Ojeda enfrenta severas acusaciones, que incluyen usurpación de títulos, ejercicio ilegal de la medicina y un trágico homicidio relacionado con la muerte de un paciente de 63 años.
La defensa de Ojeda, compuesta por los abogados Cesar López y Felipe Fontanetto, ha manifestado su intención de apelar esta medida cautelar. Argumentan que su defendida posee un arraigo familiar significativo, ya que es madre de cinco hijos y abuela de tres nietos, lo que, según ellos, justifica la posibilidad de que continúe el proceso judicial en libertad. En este sentido, han ofrecido un fiador y solicitan que se le permita transitar la causa sin estar detenida, alegando que no existen riesgos de fuga ni de entorpecimiento de la investigación.
Sin embargo, la situación de Ojeda es compleja, ya que su caso no se limita a una sola acusación. Existen otras investigaciones en curso que la vinculan con homicidios, incluido el fallecimiento de una mujer de 74 años que recibió atención médica de su parte. Además, se investiga un incidente en el que un joven sufrió la amputación de una pierna tras ser atendido por ella. El contexto de estas denuncias ha generado un creciente interés público y un debate sobre las implicancias del ejercicio ilegal de la medicina.
La historia de Lidia Mabel Ojeda comenzó a tomar notoriedad a mediados de abril, cuando el director de Zona Sanitaria, Orlando Di Núbila, presentó la primera denuncia contra ella por presunta falsificación de títulos. Según declaraciones del director, Ojeda había sido contratada para realizar una guardia activa en el hospital, pero pronto se descubrió que carecía de la formación necesaria para ejercer la medicina. Este hecho llevó a una investigación más amplia que reveló que había atendido a más de 1.200 personas usando una matrícula ajena, firmando incluso certificados de defunción.
Desde su arresto, que se produjo en una vivienda de Santos Lugares, en el partido de Tres de Febrero, se han acumulado múltiples denuncias en su contra. La policía había activado un pedido de detención cuando no pudieron localizarla tras varios allanamientos en su residencia. Finalmente, fue hallada en un domicilio a menos de diez cuadras de una comisaría, lo que pone de manifiesto la gravedad de su situación legal y la preocupación de las autoridades por los posibles riesgos que su libertad podría implicar.
En la actualidad, el caso de Ojeda no solo expone la problemática del ejercicio ilegal de la medicina en el país, sino que también plantea preguntas sobre la regulación y supervisión de los profesionales de la salud. La atención que ha recibido este proceso judicial refleja la preocupación social por la seguridad en el ámbito sanitario. A medida que avanza la causa, se espera que surjan más detalles que permitan esclarecer la magnitud de las acciones de la acusada y las implicancias de su conducta en la salud pública.
