La Corte Penal Internacional (CPI) ha comenzado un proceso judicial que tiene como foco al libio Jaled Mohamed Ali el Hishri, descrito por sus víctimas como "el ángel de la muerte". Este individuo es señalado como el responsable de un complejo sistema de torturas, abusos y detenciones arbitrarias en la prisión de Mitiga, ubicada en las afueras de Trípoli. Durante la audiencia de confirmación de cargos, la fiscal adjunta Nazhat Shameem Khan presentó diversos testimonios que detallan crímenes de guerra y de lesa humanidad perpetrados entre 2014 y 2020, evidenciando la gravedad de las acusaciones en su contra.

A lo largo de la audiencia, Khan destacó que El Hishri es considerado un "torturador infame" y que posee una notable responsabilidad individual en al menos 17 cargos relacionados con su actuación en Mitiga, un centro de detención que ha sido escenario de inhumanas condiciones. Los testimonios brindados por los sobrevivientes revelan el uso sistemático de la violencia y las torturas, incluyendo métodos que implicaban disparos a las piernas y colgar a las víctimas con las manos atadas, prácticas que buscan deshumanizar a los detenidos y crear un clima de terror.

El impacto psicológico de la figura de El Hishri era tal que los testigos describieron un ambiente de miedo absoluto en la prisión. Un testigo incluso mencionó que al aparecer El Hishri, "se podía oír volar a las moscas", haciendo alusión al silencio sepulcral que generaba su presencia. En este contexto, se pone de manifiesto cómo el poder ejercido por este individuo no solo afectaba a los prisioneros, sino también a los propios guardias, quienes se veían obligados a someterse al régimen de terror instaurado por él.

El Hishri, que escuchó las acusaciones en un traje formal, no mostró ninguna reacción al escuchar los testimonios que lo incriminan. La fiscalía enfatizó que cualquier persona podía ser arrestada arbitrariamente por la milicia SDF, ya fuera por ser considerado opositor político, migrante, o simplemente por poseer algo de valor para el grupo. Esto incluye tanto a libios como a migrantes africanos que se encontraban en su camino hacia Europa, quienes fueron capturados y llevados a Mitiga sin ningún tipo de justificación legal.

Las condiciones de vida en Mitiga eran deplorables, caracterizadas por el hacinamiento extremo, la falta de alimentos y la propagación de enfermedades. La fiscal Khan afirmó que los detenidos sufrían de enfermedades como tuberculosis y diversas infecciones cutáneas, que eran utilizadas como métodos de castigo, confinándolos deliberadamente en celdas infectadas. Esta situación revela no solo un desprecio absoluto por la vida humana, sino también una estrategia deliberada para despojar de dignidad a las víctimas.

Los cargos no se limitan a las torturas físicas, sino que también abarcan episodios de violencia sexual sistemática. La fiscalía denunció que las amenazas de violación y las agresiones sexuales eran prácticas comunes en Mitiga, afectando a hombres, mujeres y niños por igual. La sección femenina de la prisión, bajo el control directo de El Hishri, ha sido señalada por su brutalidad, donde las detenidas sufrían golpizas y otros métodos de tortura, reflejando una estructura de opresión que ignoraba la dignidad y los derechos de las mujeres. En este contexto, el caso de El Hishri no solo representa una búsqueda de justicia para las víctimas, sino también un llamado a la comunidad internacional para que actúe contra la impunidad que ha prevalecido en Libia desde la caída del régimen de Gadafi.