La Justicia de La Plata ha decidido sobreseer a los progenitores de la beba que perdió la vida en febrero de 2026 en el Hospital Gutiérrez, tras concluir que no existieron evidencias de abuso ni maltrato. La decisión del juez de Garantías se fundamentó en un exhaustivo análisis de peritajes médicos que descartaron cualquier indicio de heridas traumáticas o abandono. Tras este fallo, los padres quedaron desvinculados de cualquier cargo penal, lo que marca un giro significativo en la investigación que había levantado gran preocupación social.
La pequeña, de apenas un año y dos meses, ingresó al hospital con convulsiones el 10 de febrero de 2026, y su estado crítico llevó a la rápida imputación de sus padres y de un tío, quienes fueron identificados como M. A. A. de 31 años, M. J. V. de 24 años y L. T. A. de 27 años. Al principio, las condiciones del ingreso de la niña generaron suspicacias sobre un posible maltrato, lo que llevó al fiscal Martín Almirón, de la UFI Nº 8 del Departamento Judicial de La Plata, a profundizar en las investigaciones. Sin embargo, los resultados de la autopsia y una reautopsia adicional revelaron que la causa del deceso fue un paro cardiorrespiratorio sin intervención de terceros.
Esta información desestimó las acusaciones iniciales contra los padres, quienes se hallaban detenidos en Villa Catella bajo la gravedad de abandono de persona seguido de muerte. La evolución de la investigación, a partir de los estudios forenses, permitió que tanto la defensa de los acusados como el Ministerio Público Fiscal solicitaran el sobreseimiento de los mismos, petición que fue aceptada por la Justicia. De esta manera, se aclara un caso que había generado gran controversia y angustia en la comunidad, donde se hablaba de un potencial caso de maltrato infantil.
Gonzalo Escaray, abogado defensor, se pronunció sobre la resolución judicial y anunció que buscarán presentar una denuncia por mala praxis médica. Esto surge a raíz de las condiciones en las que se realizó la atención inicial de la beba y de los informes médicos que, en un primer momento, llevaron a la detención de sus padres. Escaray enfatizó la necesidad de investigar a fondo este aspecto, ya que considera que la atención brindada pudo haber influido decisivamente en las conclusiones preliminares que dieron origen a la causa.
En paralelo, un caso similar ha resurgido en Centenario, Neuquén, donde se investiga la muerte de un bebé de 39 días en un contexto que revela un patrón de violencia, abandono y maltrato. En este caso, el Ministerio Público Fiscal ha determinado que tanto la madre como el padre son responsables de ejercer "fuerza intensa" sobre el recién nacido, lo que resultó en su fallecimiento el 30 de agosto de 2025. Las acusaciones son graves, incluyendo homicidio agravado por vínculo y alevosía, además de lesiones leves y graves.
El juez de garantías, Marco Lupica Cristo, ha dado lugar a la acusación y ha dispuesto la prisión domiciliaria para la madre, M. S. N., quien deberá llevar un dispositivo de tobillera electrónica. Por su parte, el padre, M. E. M., permanecerá en prisión preventiva, lo que subraya la severidad de las acusaciones. Este caso, junto con el de la beba de Ensenada, pone de manifiesto la necesidad de un abordaje integral sobre la violencia infantil y la protección de los derechos de los más vulnerables en la sociedad.
