Santiago de Chile, 25 de mayo (Redacción Medios Digitales) - Un fallo reciente de la Justicia chilena ha determinado que el Estado debe indemnizar a Diego Sepúlveda con 33,9 millones de pesos chilenos, equivalentes a aproximadamente 38.000 dólares, por los daños morales y físicos que sufrió durante las manifestaciones que sacudieron al país en 2019. Sepúlveda, quien perdió más del 50% de la visión de su ojo izquierdo debido a un disparo de perdigón realizado por un carabinero, se convierte en un símbolo de las consecuencias de la violencia estatal en el marco de las protestas que marcaron un hito en la historia reciente de Chile.
El incidente se registró el 24 de octubre de 2019, en la Plaza Baquedano de Santiago, un epicentro de las movilizaciones que surgieron como respuesta a las desigualdades sociales y económicas que han persistido en el país desde la dictadura de Augusto Pinochet. En ese contexto, las fuerzas policiales, en un intento por controlar las manifestaciones, utilizaron métodos de represión que, según diversas organizaciones de derechos humanos, han resultado en graves violaciones a los derechos fundamentales de los ciudadanos.
El Séptimo Juzgado Civil de Santiago ha establecido que la lesión de Sepúlveda se produjo cuando un efectivo de Carabineros disparó un perdigón a una distancia inferior a la permitida por los reglamentos de la institución. Este hecho se considera una grave negligencia, ya que se ignoran las directrices que prohíben el uso de armas de fuego en situaciones que pueden resultar en daños a la integridad física de los manifestantes.
El tribunal se basó en un informe del Departamento de Criminalística de Carabineros, que ya en 2012 advertía sobre los riesgos que implicaba disparar escopetas antidisturbios a menos de 30 metros, así como la posibilidad de causar lesiones severas, como daños oculares y fracturas en la cabeza. A pesar de contar con este conocimiento, las autoridades no tomaron las medidas necesarias para proteger a los ciudadanos, lo que ha llevado a una creciente desconfianza hacia las fuerzas del orden.
El fallo resalta un reproche directo hacia el Estado chileno, que no solo conocía los riesgos asociados al uso de perdigones, sino que además procedió a implementar tácticas de control que desatendieron las recomendaciones técnicas existentes. Esto ha conducido a que miles de personas, incluidos más de 400 manifestantes con severas lesiones oculares, sufran las consecuencias de una represión desmedida.
Las protestas de 2019 resultaron en una crisis social profunda que dejó un saldo de más de 30 muertos y miles de heridos. La comunidad internacional, incluidos organismos como la ONU, ha señalado a las fuerzas de seguridad chilenas por sus acciones, que han sido catalogadas como violaciones a los derechos humanos. En este contexto, más de 10.000 causas judiciales han sido abiertas, y las investigaciones sobre los altos mandos de la policía continúan, dejando en evidencia la necesidad de una revisión profunda de las prácticas de control social en el país.
A medida que el sistema judicial avanza en estos casos, la resolución sobre Diego Sepúlveda representa un paso hacia el reconocimiento de los derechos de las víctimas y la búsqueda de justicia en un país que aún lidia con las secuelas de un periodo de agitación social. La indemnización otorgada no solo busca reparar el daño sufrido por Sepúlveda, sino que también envía un mensaje claro sobre la responsabilidad del Estado en la protección de sus ciudadanos durante situaciones de conflicto y protesta.
