Horacio Antonio Grasso, un ex policía vinculado a la muerte de Milagros Micaela Basto, se prepara para enfrentar un juicio oral por la acusación de abuso sexual con acceso carnal agravado, dirigido contra una familiar de su círculo cercano. La denuncia detalla un patrón de conductas delictivas que incluyen el uso de estupefacientes, lo que ha generado una conmoción en la comunidad y ha puesto de relieve la falta de respuestas adecuadas por parte de las instituciones encargadas de proteger a las víctimas. Los hechos ocurrieron en el departamento donde Grasso cumplía prisión domiciliaria por una condena anterior en la capital cordobesa.
La denuncia fue presentada el 12 de octubre de 2022 en el Polo de la Mujer, y la víctima relató que las agresiones sexuales fueron sistemáticas, aprovechándose de su vulnerabilidad. Según la fiscal Ingrid Vago, el abuso se habría producido en 2021, un año antes de que el cuerpo de Basto fuera descubierto en el mismo departamento donde se desarrollaron estos episodios. Este nexo entre los casos ha suscitado un profundo interés por parte de la opinión pública, que exige justicia y un análisis exhaustivo de la situación.
Grasso, quien desde 2021 hasta 2025 incumplió en al menos 255 ocasiones las restricciones de su prisión domiciliaria, ha sido señalado por el abogado querellante Carlos Nayi como un individuo que no solo ha desafiado la ley, sino que también ha puesto en riesgo la vida de quienes se encuentran a su alrededor. Este dato, revelado a partir de registros judiciales, se presenta como un elemento crucial en la actual causa que enfrenta, evidenciando una falta de control por parte de las autoridades.
La manera en que Grasso habría llevado a cabo el abuso es inquietante. Tras invitar a su familiar a una cena en su departamento, la habría drogado, aprovechándose de su estado para perpetrar el ataque sexual. Este relato ha resonado entre quienes han seguido el caso, quienes han expresado su preocupación por la salud mental y física de la víctima. La lucha de la mujer por obtener justicia se ha caracterizado por una búsqueda desesperada de apoyo, enfrentándose a un sistema que, según ella, no le brindó la protección necesaria.
El abogado Carlos Nayi ha resaltado la gravedad del caso, indicando que las autoridades estaban al tanto de la situación pero no tomaron las medidas adecuadas para proteger a la víctima. “Cuando la Justicia no cumple su misión también incurre en una particular manera de matar, porque en ese domicilio murió Milagros Basto”, afirmó, estableciendo un paralelismo entre el caso de la joven y el de su clienta. Esta crítica ha generado un debate sobre la responsabilidad de las instituciones en la protección de las víctimas de violencia de género.
El hallazgo del cuerpo de Milagros Micaela Basto, conocida como “Pitu”, el 7 de julio de 2025, ha añadido una capa de horror a esta historia. Su cadáver fue encontrado en un placard, envuelto en frazadas y sellado con cemento, lo que ha intensificado la atención sobre los hechos ocurridos en el departamento donde Grasso fue acusado de abuso. La autopsia realizada reveló que la joven había sido asfixiada, lo que ha llevado a cuestionar cómo se permitieron tales sucesos en una vivienda que, por su contexto, debería haber estado bajo vigilancia.
La comunidad cordobesa está a la espera del juicio, que no solo implicará la evaluación de las acusaciones contra Grasso, sino que también servirá como un llamado de atención sobre la necesidad de una reforma en las instituciones que deben garantizar la seguridad y el bienestar de las víctimas de abuso. La visibilidad de estos casos es fundamental para generar un cambio profundo en la sociedad, y el desenlace de este juicio podría marcar un precedente importante en la lucha contra la violencia de género en Argentina.
