La Justicia de Catamarca ha decidido elevar a juicio la causa que involucra a dos padrinos acusados de abuso sexual infantil y de producción de material relacionado con la explotación sexual. La investigación se centra en una niña de apenas un año y ocho meses, generando un gran impacto en la comunidad y entre los familiares de la víctima. Desde marzo, ambos imputados han estado en libertad tras la revocación de la prisión preventiva, una decisión que ha suscitado una fuerte reacción por parte de los allegados a la menor. La noticia ha puesto en evidencia la necesidad de abordar con urgencia los casos de abuso infantil y la protección de los derechos de los más vulnerables.
La causa se inició en octubre de 2022, cuando la niña quedó bajo el cuidado de personas cercanas a su familia, lo que ha añadido un nivel de complejidad y dolor al caso. La Fiscalía de Instrucción N°4, bajo la dirección del fiscal Ricardo Córdoba Andreatta, ha trabajado en la recopilación de pruebas que incluyen denuncias, testimonios, exámenes médicos, así como pericias psicológicas y psiquiátricas. También se han analizado dispositivos electrónicos para obtener información relevante, lo que ha permitido construir un caso sólido que finalmente ha sido elevado a juicio, al considerar que hay suficientes elementos para que los acusados enfrenten un proceso oral.
Las acusaciones contra los imputados son graves. El hombre se enfrenta a cargos por abuso sexual gravemente ultrajante, calificado por su rol de guardador, además de producción de imágenes de abuso sexual infantil y tenencia de material pornográfico infantil. Por su parte, la mujer está siendo acusada de coautoría en la producción de imágenes de abuso sexual infantil. La fiscalía ha considerado que las pruebas reunidas son suficientemente contundentes como para avanzar hacia la instancia de juicio, lo que ha llevado a notificar a todas las partes involucradas en el proceso.
En marzo, el tribunal tomó la controvertida decisión de no mantener a los imputados bajo prisión preventiva, argumentando que no existían elementos suficientes que justificaran la detención en ese momento. Esta resolución ha generado un descontento generalizado, especialmente entre los familiares de la víctima, quienes demandan una respuesta más contundente por parte del sistema judicial. La madre de la pequeña ha expresado su frustración al señalar que la decisión ha dejado a su familia sintiendo una gran desprotección, lo que ha provocado un sentimiento de impotencia frente a la situación que viven.
La madre, en un emotivo relato, ha solicitado medidas adicionales de seguridad, como el monitoreo de los acusados y la imposición de una caución de 3 millones de pesos. “No es justo que ellos salgan a la calle como si nada hubiera pasado”, ha declarado, reflejando la angustia de una madre que se siente desprotegida. Además, ha manifestado que su familia no recibe asistencia psicológica del Estado, lo que acentúa su desamparo en un momento tan crítico.
Como respuesta a la controversia generada por la liberación de los acusados, la fiscalía ha impuesto nuevas condiciones, exigiendo a los imputados que establezcan un domicilio fijo, se presenten semanalmente ante la Justicia y mantengan distancia de la menor. Sin embargo, la madre de la niña continúa preocupada por el bienestar de su hija y la sensación de inseguridad que persiste en su entorno. “Es inaceptable que puedan salir a la calle, y eso me llena de bronca”, ha afirmado, dejando en claro que la lucha por justicia y protección para su familia aún no ha terminado.
