La Justicia de Córdoba ha fijado oficialmente la fecha para el inicio del juicio oral contra Oscar González, ex legislador de la provincia, tras una serie de graves acusaciones relacionadas con un accidente de tránsito que resultó en la muerte de la docente Alejandra Bengoa y dejó a otras dos jóvenes con lesiones severas. Este proceso judicial comenzará el 3 de agosto y se extenderá hasta el 27 del mismo mes, marcando un hito a más de tres años del trágico suceso ocurrido en el Camino de las Altas Cumbres.
El accidente, que tuvo lugar el 29 de octubre de 2022, se produjo cuando González, al mando de un vehículo BMW de uso oficial, supuestamente invadió el carril contrario mientras se dirigía de Córdoba a Mina Clavero. En consecuencia, su automóvil colisionó de manera frontal con el Renault Sandero que transportaba a Bengoa y a las menores. Este siniestro vial no solo cobró la vida de la docente, sino que también resultó en que una de las jóvenes, Alexa, quedara parapléjica, mientras que la otra, Marina, logró recuperarse sin secuelas.
La resolución de la Cámara del Crimen de Villa Dolores de llevar a cabo el juicio se dio tras el rechazo de una propuesta de la defensa de González, que buscaba una salida alternativa mediante un acuerdo económico. Esta decisión subraya la seriedad con la que se está tratando el caso, que ha capturado la atención pública y judicial por las implicaciones de un accidente que involucró a un funcionario público y el uso de un vehículo oficial.
La investigación no se limitó únicamente a las circunstancias del accidente, sino que también arrojó luz sobre el uso del BMW que González conducía. El hecho de que este vehículo perteneciera a la administración pública agrega una dimensión adicional al caso, ya que se espera que el debate oral examine no solo la responsabilidad de González en el accidente, sino también las regulaciones que rigen el uso de automóviles oficiales por parte de los funcionarios.
En una serie de declaraciones, González ha expresado no recordar los momentos previos al accidente, aunque asumió responsabilidad por lo ocurrido. En su primera declaración ante la fiscal Analía Gallarato, el ex legislador negó haber cruzado la línea amarilla para adelantar, pero admitió haber sentido una profunda culpa, manifestando que habría dado su vida para evitar la tragedia que terminó por afectar a Bengoa y las menores.
Por otro lado, también se debe considerar que González enfrenta otros problemas legales relacionados con el mismo episodio. A finales de febrero, fue excarcelado en el marco de otra causa que lo imputa por enriquecimiento ilícito y lavado de activos agravados. Sin embargo, este proceso avanza de manera independiente al juicio por el accidente de tránsito, lo que sugiere que la situación legal del ex legislador se complica aún más en el contexto de estos múltiples cargos.
En definitiva, el juicio que se avecina no solo será un momento crucial para las víctimas y sus familias, sino que también servirá como un importante precedente en la discusión sobre la responsabilidad de los funcionarios públicos al volante. La sociedad espera que este proceso arroje claridad sobre los hechos y sirva para que se haga justicia, al tiempo que se revisan las normas sobre el uso de vehículos oficiales por parte de aquellos que ocupan cargos de responsabilidad en el gobierno.
