Un joven de 19 años fue víctima de un ataque a balazos mientras cumplía arresto domiciliario en un complejo de monoblocks en el barrio Centenario de Mar del Plata. El incidente tuvo lugar el lunes por la tarde y ha desatado una serie de interrogantes sobre la efectividad del monitoreo en casos de condenados que se encuentran en esta situación. El joven, identificado como Luciano Maicol Uriel Bonanno, había sido condenado hace aproximadamente dos meses por su participación en dos robos y se encontraba bajo un régimen de control con pulsera electrónica, que, por diversas razones, no se había implementado.
La fiscal a cargo de la investigación, Constanza Mandagarán, se encuentra abocada a esclarecer los detalles del ataque, que dejó a Bonanno con una herida de bala en el pecho. La gravedad de su estado ha llevado a su internación en el Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA). Se investiga si el ataque se produjo dentro de su departamento en el segundo piso o en las áreas comunes del complejo, un dato que podría ser crucial para entender el contexto del suceso.
El lugar donde ocurrió el ataque está caracterizado por un alto índice de vulnerabilidad social, lo que complica aún más la situación. De acuerdo con fuentes locales, la zona de México y General Roca es conocida por ser un punto de concentración de delitos, lo que plantea serias dudas sobre la capacidad de las autoridades para garantizar la seguridad de sus residentes. La falta de pulseras electrónicas para el seguimiento de Bonanno ha suscitado cuestionamientos sobre los mecanismos de control y prevención en el sistema judicial.
El trasfondo de este caso se remonta a octubre de 2024, cuando Bonanno, junto a un cómplice menor de edad y otro individuo que aún permanece prófugo, perpetró dos robos a mano armada en la vía pública. En ambos episodios, la modalidad delictiva se basó en emboscadas grupales, donde la intimidación y la violencia fueron utilizadas como herramientas para despojar a las víctimas de sus pertenencias. Este patrón delictivo y la rapidez con la que actuaban los agresores evidencian una tendencia preocupante en la criminalidad juvenil de la región.
La resolución judicial de su caso se dio a través de un juicio abreviado, donde Bonanno admitió su participación en los delitos. El juez Gustavo Fissore, del Tribunal Oral N° 4, homologó el acuerdo alcanzado entre la fiscalía y la defensa, que incluyó una solicitud de morigeración de la pena. Como resultado, el joven fue beneficiado con arresto domiciliario mientras se esperaba la disponibilidad de dispositivos de monitoreo electrónico, lo que nunca se concretó.
Durante el tiempo que estuvo en arresto domiciliario, la seguridad de Bonanno fue responsabilidad de la comisaría cuarta, cuyos agentes realizaron patrullajes y visitas sorpresivas, pero que no contaron con un sistema de monitoreo constante debido a la falta de tecnología adecuada. Este vacío en el control ha puesto de manifiesto las falencias del sistema penal, que no logra garantizar la seguridad ni del condenado ni de la comunidad en general, lo que podría haber facilitado el ataque que dejó al joven en estado crítico.
En conclusión, el ataque sufrido por Bonanno no solo pone en evidencia las debilidades en la implementación del arresto domiciliario, sino que también plantea interrogantes sobre la eficacia de las políticas de prevención del delito en Mar del Plata. La fiscal Mandagarán continuará su investigación para determinar las circunstancias exactas del ataque, mientras la comunidad y las autoridades se preguntan qué medidas se pueden tomar para evitar que sucesos como este se repitan en el futuro.
