La investigación por presunto enriquecimiento ilícito que involucra al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, ha tomado un nuevo rumbo tras el descubrimiento de dos cajas de seguridad a nombre de su esposa, Bettina Angeletti. El fiscal Gerardo Pollicita ha solicitado información detallada al Banco Galicia para esclarecer quiénes tienen acceso a estas cajas y para reconstruir los movimientos que podrían estar relacionados con la causa que lo involucra. Esta situación se agrava en un contexto donde la imagen del funcionario se ha visto afectada por una serie de controversias relacionadas con el uso del avión presidencial y gastos familiares cuestionables.

El fiscal Pollicita, al frente de las investigaciones, ha pedido una serie de documentos que incluyen la nómina de personas autorizadas para acceder a las cajas y los registros de ingresos y egresos desde enero de 2022. Esta información es fundamental para establecer posibles vínculos entre las transacciones realizadas en las cajas y el patrimonio del funcionario. Además, se requiere el material fílmico de las cámaras de seguridad del banco para obtener un panorama más claro de los movimientos en torno a estas cuentas, lo cual podría ayudar a desentrañar la trama detrás de este caso de presunto enriquecimiento.

El contexto de este escándalo se remonta a un viaje a Estados Unidos que Adorni realizó acompañado de su esposa en el avión presidencial. La situación generó un fuerte debate público luego de que el jefe de Gabinete admitiera que su esposa formó parte de la comitiva oficial a pesar de no ocupar un cargo público, lo que levantó sospechas sobre el uso indebido de recursos estatales. La frase “Vengo a deslomarme a EEUU y quería que me acompañe” utilizada por Adorni para justificar el viaje, resultó en una ola de críticas y cuestionamientos sobre la ética en el uso del avión oficial.

A raíz de este controversia, el juez Daniel Rafecas abrió una causa para investigar el uso del avión presidencial, aunque posteriormente decidió archivar el expediente al no encontrar elementos suficientes que indicaran un delito. En su resolución, Rafecas argumentó que las circunstancias del viaje no se ajustaban a una supuesta malversación de fondos públicos, lo que permitió a Adorni respirar un poco más tranquilo frente a las acusaciones. Sin embargo, el archivo de esta causa no ha detenido el escrutinio sobre su gestión ni las investigaciones en curso.

Paralelamente, el juez Lijo continúa con la investigación relacionada a las cajas de seguridad y a otros aspectos del patrimonio de Adorni. Los recientes hallazgos sobre los gastos de un viaje familiar a Aruba entre fines de 2024 y comienzos de 2025 han sumado más interrogantes a este complejo rompecabezas. La situación se complica aún más si se considera que las autoridades están revisando no solo los gastos en el exterior, sino también la forma en la que estos podrían estar vinculados a irregularidades en la gestión pública del funcionario.

En este sentido, el caso no solo pone en tela de juicio el comportamiento de Adorni como funcionario, sino que también abre un debate más amplio sobre la transparencia y el uso de recursos públicos en el ámbito gubernamental. La posibilidad de que se hayan producido irregularidades en el manejo de fondos estatales es un tema que preocupa a la ciudadanía, que demanda cada vez más claridad en la gestión de sus representantes. A medida que se continúan desentrañando los detalles de esta investigación, queda claro que la figura de Manuel Adorni se encuentra bajo un intenso escrutinio, y que la Justicia deberá avanzar con rigor para arrojar luz sobre estos acontecimientos.