El fiscal federal Carlos Stornelli ha iniciado una investigación para aclarar un posible caso de espionaje que involucra al presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti. Esta medida se tomó tras la denuncia presentada por el Director de Seguridad de la Corte, Roberto Varela, quien alertó sobre la presencia sospechosa de individuos filmando frente a la residencia del magistrado en Santa Fe. La investigación fue asignada al juez Julián Ercolini, quien supervisará las diligencias necesarias para esclarecer los hechos.

El incidente en cuestión ocurrió el pasado domingo, cuando el equipo de custodia de Rosatti se presentó en su domicilio para llevarlo a Buenos Aires. Durante esta operación, los agentes de seguridad identificaron a dos personas que estaban utilizando un trípode y una cámara para grabar en dirección a la casa del presidente de la Corte. Esta situación encendió las alarmas sobre posibles actividades de vigilancia, lo que llevó a la presentación de la denuncia formal.

De acuerdo con el informe inicial, los individuos fueron identificados, uno de los cuales es de nacionalidad venezolana. Con esta información en mano, la fiscalía ha decidido implementar diversas medidas con el fin de avanzar en la investigación. Entre estas acciones se incluyen la toma de declaraciones a los custodios de Rosatti y a miembros de la Policía Federal que estaban en el lugar, así como la recolección de imágenes de cámaras de seguridad cercanas.

Además, se ha solicitado la revisión de expedientes relacionados con eventos previos que podrían haber comprometido la seguridad del magistrado. El objetivo es determinar si existe un patrón o conexión que pueda dar contexto a este episodio de espionaje. La fiscalía busca entender la magnitud de la amenaza que podría estar enfrentando Rosatti, en un momento en que la seguridad de figuras públicas es un tema de creciente preocupación en el país.

El juez Ercolini, tras recibir el impulso del fiscal, ha ordenado que se implementen todas las medidas necesarias para esclarecer la situación. Esto incluye la certificación de causas anteriores que puedan estar vinculadas a la seguridad del presidente de la Corte. Este caso no es un hecho aislado, ya que se enmarca en un contexto más amplio de hostigamiento hacia Rosatti que ha sido documentado en el pasado.

En abril de este año, la Cámara Federal de Casación Penal ratificó la condena a Damián Berruet, quien había intentado robar una camioneta asignada a Rosatti en mayo de 2024. Durante el juicio, el fiscal Diego Luciani argumentó que este intento de robo formaba parte de una serie de ataques coordinados contra el magistrado que se remontan a 2019. Luciani advirtió que detrás de este episodio había un trasfondo oscuro, sugiriendo que las acciones contra Rosatti eran parte de una estrategia deliberada para hostigarlo. La gravedad de estos acontecimientos pone de relieve la necesidad de investigar a fondo cualquier intento de violación de la privacidad y la seguridad de las autoridades judiciales.

Con la apertura de esta causa, se espera que la justicia pueda arrojar luz sobre un tema tan delicado como lo es el espionaje a figuras públicas. La protección de los derechos y la integridad de quienes ejercen funciones judiciales es fundamental para el funcionamiento del estado de derecho en Argentina. A medida que avanza la investigación, se espera que surjan más detalles que permitan comprender la magnitud de la amenaza que enfrenta Horacio Rosatti y, en última instancia, se espera que se tomen medidas adecuadas para garantizar su seguridad.