En el contexto de una alarmante crisis de violencia en América Latina, donde la región concentra cerca del 33% de los homicidios a nivel mundial, surge una propuesta innovadora que busca visibilizar a las víctimas del delito como sujetos de derechos humanos. Desde la Asociación Civil Usina de Justicia, un colectivo argentino, se promueve la necesidad de establecer una "Convención Interamericana sobre Protección Integral de los Derechos Humanos de las Víctimas del Delito". Esta propuesta aspira a llevar un debate que ha sido históricamente relegado al ámbito de la Organización de los Estados Americanos (OEA), buscando generar un marco jurídico que garantice el acceso a la justicia y la reparación integral para las víctimas en toda la región.

La problemática de la violencia en América Latina es de tal magnitud que, a pesar de que la población de la región representa solo el 8,3% del total global, sufre una proporción desmesurada de homicidios. Este escenario no solo refleja una crisis de seguridad, sino que también pone de manifiesto la falta de protección institucional para las víctimas, quienes a menudo quedan relegadas en los procesos judiciales. En este sentido, el diagnóstico de Usina de Justicia es claro: es fundamental reconocer a las víctimas como actores centrales en la búsqueda de justicia y reparación.

Las Dras. Mariana Romano y María Jimena Molina, representantes de la organización, se preparan para asistir a la próxima Asamblea General de la OEA, que se llevará a cabo en Panamá. Allí, continuarán con la promoción de la convención que busca establecer obligaciones jurídicas vinculantes para los Estados miembros, garantizando no solo el acceso a la justicia, sino también la protección de las víctimas frente a la revictimización y su participación activa en los procesos judiciales. Este enfoque integral es pionero en la región y podría sentar un precedente significativo en la protección de los derechos humanos de las víctimas.

Usina de Justicia, presidida por la Dra. Diana Cohen Agrest, se destaca como la única organización de la sociedad civil en América Latina reconocida como miembro permanente ante la OEA, lo que le otorga una plataforma única para influir en la agenda internacional relacionada con los derechos de las víctimas. A lo largo de los años, la organización ha trabajado incansablemente para establecer un diálogo con funcionarios, juristas y académicos de diversos países, buscando construir un consenso sobre la necesidad de esta convención.

Recientemente, varios países, incluyendo Costa Rica, Colombia, Honduras y Chile, han respondido positivamente al envío de la propuesta, lo que sugiere un creciente interés y apoyo en la región. Durante la Asamblea General en Panamá, se prevén múltiples encuentros diplomáticos que podrían reforzar aún más esta iniciativa. Las representantes de Usina de Justicia aspiran a mantener una reunión con el embajador argentino ante la OEA, Dr. Carlos Cherniak, y el equipo de la Cancillería argentina, con la esperanza de que Argentina asuma un papel protagónico en la promoción de esta convención a nivel regional.

En paralelo al esfuerzo internacional, Usina de Justicia ha estado en contacto con autoridades locales, incluyendo a funcionarios del Ministerio de Seguridad de la Nación. En un encuentro reciente, la Directora Nacional de Cooperación Internacional, Cornelia Schmidt-Liermann, y el Subsecretario Legal, Diego Goldman, expresaron su apoyo a la propuesta, lo que refleja una alineación entre el trabajo de la organización y las políticas del gobierno argentino. Este respaldo institucional podría ser clave para avanzar en la discusión y eventual ratificación de la convención.

La propuesta de Usina de Justicia no solo busca brindar un marco normativo para la protección de las víctimas, sino que también pretende cambiar la narrativa en torno a ellas, convirtiéndolas en protagonistas de su propia historia de búsqueda de justicia. En un continente que enfrenta desafíos significativos en materia de derechos humanos, la defensa de los derechos de las víctimas se presenta como una necesidad urgente y ineludible. La OEA se convierte, así, en un escenario crucial para la instalación de este debate, que podría transformar la manera en que se abordan los derechos humanos en la región.