En el marco de una investigación que apunta a un presunto esquema de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), dos imputados clave han optado por no declarar ante la justicia. Entre ellos, se encuentra el empresario de aviación Sergio Mastropietro, quien ha sido señalado por su posible participación en maniobras de lavado de activos vinculadas a la adquisición irregular de medicamentos e insumos. Esta situación ha generado un gran revuelo en el ámbito judicial y ha puesto en el centro de la escena la problemática de la corrupción en el sector público argentino.
Mastropietro, conocido por un incidente en Migraciones cuando intentó evitar la retención de su teléfono, se presentó a la indagatoria pero decidió no brindar su testimonio. La fiscalía, liderada por Franco Picardi, ha expuesto la existencia de un entramado financiero que involucra al empresario, quien presuntamente habría canalizado fondos obtenidos de manera ilícita a través de diversas firmas que no tendrían relación directa con el sector de droguerías o proveedores de insumos médicos. Este tipo de maniobras sugiere una compleja red de lavado de dinero, donde las transferencias a empresas como Baires Fly S.A. juegan un papel central.
El fiscal Picardi ha señalado que una parte significativa de los fondos que se habrían obtenido de la ANDIS habría sido redirigida a terceros, complicando aún más el panorama de esta investigación. En ese sentido, se menciona que Miguel Ángel Calvete, otro de los involucrados, habría realizado transferencias recurrentes a Mastropietro y a Alan Pocoví, lo que indica una clara interacción entre los imputados y el posible uso de empresas de fachada para ocultar las actividades ilícitas.
El contexto de esta causa se remonta a noviembre del año pasado, cuando la justicia intentó asegurar el teléfono celular de Mastropietro al regreso del empresario desde Estados Unidos. Sin embargo, logró evadir los controles en el aeropuerto de Aeroparque, lo que despertó más sospechas respecto a sus intenciones de ocultar información relevante para la investigación. A pesar de que el vuelo debía aterrizar directamente en Buenos Aires, hizo una escala inesperada en Tucumán, lo que añade un nuevo nivel de intriga a su accionar.
Los allanamientos realizados en los domicilios de Mastropietro, ordenados por el juez Sebastián Casanello, han permitido recopilar evidencias que sugieren una conexión directa entre el empresario y el exdirector de ANDIS, Diego Spagnuolo. Además, se ha podido establecer que Mastropietro visitó en varias ocasiones la residencia de Spagnuolo, lo que podría implicar una relación más cercana entre ambos, así como un posible conocimiento de las irregularidades que se investigan.
Por otro lado, la investigación también ha involucrado a otras empresas, como Bymax Medical, cuyo gerente, Patricio Oscar Acosta, tiene lazos con Lorena Di Giorno, una exfuncionaria de ANDIS que también se encuentra procesada. Di Giorno, quien colaboraba estrechamente con Calvete, refuerza la idea de que la corrupción en la agencia no es un fenómeno aislado, sino que está interconectada con diversos actores y empresas del sector, lo que complica aún más el panorama judicial.
En conclusión, la negativa de Mastropietro a declarar y los vínculos que se han establecido en la causa ANDIS resaltan la importancia de continuar investigando a fondo estas prácticas corruptas. La justicia, a través de la fiscalía, tiene la responsabilidad de esclarecer los hechos y asegurar que los responsables enfrenten las consecuencias de sus acciones. La sociedad argentina observa con atención el desarrollo de este caso, que podría ser un punto de inflexión en la lucha contra la corrupción en el sector público.
