El gobernador del estado mexicano de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, ha respondido con firmeza a las recientes acusaciones emitidas por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, que lo vinculan con el narcotráfico y el Cartel de Sinaloa. En un evento público realizado en Navolato, Rocha Moya declaró que no tiene intención de solicitar una licencia para separarse de su cargo, afirmando que no tiene nada que temer y que es una persona "completamente limpia". Esta declaración busca desestimar las serias acusaciones que han sacudido a su administración y a varios de sus colaboradores más cercanos.
Las acusaciones, que incluyen a otros nueve funcionarios de alto rango en Sinaloa, sugieren que estos individuos habrían estado involucrados en actividades delictivas relacionadas con el narcotráfico, específicamente en la protección de las operaciones del Cartel de Sinaloa, conocido por su influencia y poder en el tráfico de drogas hacia Estados Unidos. La denuncia menciona que los implicados facilitaron información confidencial y permitieron el movimiento de drogas a cambio de sobornos millonarios, lo que pone de manifiesto la gravedad de las imputaciones y el impacto potencial en la política local.
En su defensa, Rocha Moya enfatizó que las acusaciones carecen de fundamento y veracidad, calificándolas de un ataque personal en contra de él y del movimiento de la Cuarta Transformación, que es liderado por la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum. Este tipo de declaraciones son comunes en situaciones donde los funcionarios se ven acorralados por acusaciones serias, ya que buscan desviar la atención hacia una narrativa de persecución política, especialmente en un contexto tan sensible como el de la lucha contra el narcotráfico en México.
Entre los otros funcionarios mencionados en la denuncia se encuentran el exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, Gerardo Mérida Sánchez, el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, y el excomandante de la policía municipal de Culiacán, Juan Valenzuela Millán. La inclusión de estos nombres en la lista de acusados resalta la preocupación sobre la posible infiltración del narcotráfico en las instituciones gubernamentales y de seguridad, un tema que ha sido objeto de debate y análisis en la sociedad mexicana durante años.
La respuesta del gobierno mexicano a estas acusaciones ha sido igualmente contundente. La Cancillería ha señalado que las solicitudes de extradición enviadas por Estados Unidos carecen de pruebas concretas, lo que ha llevado a las autoridades a preparar una queja diplomática a la Embajada de EE.UU. en México. Esta acción refleja la tensión existente entre ambos países, especialmente en temas de seguridad y justicia, donde las acusaciones de un país pueden tener repercusiones graves en la política interna del otro.
La presidenta Claudia Sheinbaum también ha expresado su apoyo a Rocha Moya, exigiendo pruebas concretas por parte de EE.UU. y advirtiendo sobre la necesidad de evitar la intromisión de gobiernos extranjeros en asuntos internos. Esta postura no solo defiende a su aliado político, sino que también busca mantener la soberanía mexicana frente a acusaciones que podrían interpretarse como intervencionistas. A medida que se desarrollan estos acontecimientos, la atención del público y los medios seguirá centrada en las implicaciones que estas acusaciones podrían tener para la política en Sinaloa y, en un sentido más amplio, para la lucha contra el narcotráfico en México.
