La Alianza contra el Borrado de las Mujeres presentó una carta ante la Fiscalía General del Estado para pedirle que intervenga frente a los cambios de sexo registral realizados por hombres investigados por violencia contra sus parejas o exparejas mujeres. La organización advirtió sobre las consecuencias que, según sostiene, está generando la denominada “Ley Trans” en los procedimientos por violencia de género.
En el escrito, la entidad señaló que la rectificación registral del sexo —por la que los investigados pasan a figurar legalmente como mujeres— puede afectar los derechos y los mecanismos de protección destinados a las víctimas. Por ese motivo, solicitó que se identifiquen, cuantifiquen y evalúen los procedimientos en los que se produjo esa modificación, así como sus efectos sobre la competencia judicial y las medidas de protección.
Además, la Alianza pidió que la Fiscalía establezca, mediante una instrucción, una circular o un criterio general, pautas homogéneas de actuación. El objetivo, según la organización, es “garantizar que ninguna mujer pierda la cobertura reconocida” por la Ley de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género como consecuencia del cambio registral de su agresor.
La entidad afirmó haber identificado más de 120 casos en los que la rectificación registral del sexo estaría “neutralizando las acciones positivas” destinadas a las mujeres. El material proporcionado no incluye el desarrollo completo de esa denuncia ni mayores detalles sobre los expedientes mencionados.
