Un jurado popular ha encontrado culpables a los cuatro miembros de la familia Rivera por el asesinato de un hombre de 39 años en Mar del Plata, ocurrido en abril de 2024. La decisión fue comunicada por el juez Gustavo Fissore y el fiscal Carlos Russo, quienes presenciaron el veredicto unánime del jurado. Este caso ha conmocionado a la comunidad y ha puesto de relieve la violencia que se vive en algunas zonas de la ciudad balnearia.
Los condenados son Héctor Ismael “El Paisa” y Pedro Damián Rivera, quienes fueron catalogados como coautores del homicidio doblemente agravado, debido a la premeditación y al uso de un arma de fuego. Ambos enfrentan una pena de prisión perpetua, mientras que sus padres, Pedro Ismael Rivera y Mónica Graciela Bazán, fueron considerados partícipes secundarios del mismo delito, lo que podría significar una condena de entre 10 y 15 años de prisión. Los padres permanecen en prisión domiciliaria a la espera de una audiencia de cesura que definirá sus sentencias.
La tragedia se desató el 24 de abril, cuando Walter Bravo caminaba con su hermana por la calle Los Manzanos. Según la reconstrucción presentada durante el juicio, el ataque fue meticulosamente planeado. Héctor Ismael fue el primero en intervenir, utilizando un arma blanca para detener a Bravo, antes de que los demás miembros de la familia llegaran en una camioneta roja, donde se encontraban Mónica y Pedro Damián, listos para participar en la agresión.
Una vez reducido, Bravo fue sometido en el suelo, donde quedó inerme. En un acto de extrema violencia, Pedro Damián le disparó en la cabeza, mientras que su madre contribuyó al ataque al utilizar un objeto punzante para herirlo. Este tipo de actos refleja una escalofriante falta de empatía y humanidad, que deja a la vista la complejidad de las relaciones familiares y la violencia que puede surgir de ellas.
El testimonio de la hermana de la víctima fue fundamental en las audiencias, ya que describió en detalle cómo cada uno de los acusados participó en el ataque. La autopsia corroboró que Bravo recibió el disparo a quemarropa, lo que refuerza la idea de que no se trató de un accidente, como intentaron argumentar los imputados al entregarse a la policía cuatro días después del crimen. Durante la investigación, se presentaron pruebas contundentes que evidenciaron la planificación del ataque, desmantelando la defensa de los acusados.
Previo al homicidio, existían tensiones prolongadas entre Bravo y la familia Rivera, lo que añade un contexto de rencor que pudo haber motivado el ataque. Tras el asesinato, los Rivera huyeron en su camioneta, que fue encontrada abandonada días después. Finalmente, después de múltiples allanamientos y una semana de búsqueda, los cuatro miembros de la familia se entregaron a la policía, marcando el cierre de un capítulo trágico en la historia de una familia que ahora enfrenta las consecuencias de sus actos.
Este caso no solo resalta la violencia que puede surgir en disputas personales, sino que también plantea interrogantes sobre la dinámica familiar y la responsabilidad individual frente a un crimen tan atroz. La sociedad marplatense observa atentamente el desenlace de este juicio, que representa una oportunidad para reflexionar sobre la violencia y sus repercusiones en la comunidad.
