Una jueza federal en Estados Unidos ha revocado una decisión de un tribunal de inmigración que otorgaba a la Administración de Donald Trump la facultad de detener a migrantes sin la realización de audiencias para fijar fianzas. Esta resolución judicial ha sido acompañada de críticas hacia las autoridades por el uso excesivo de la fuerza por parte de los agentes federales y por el trato dispensado a los extranjeros en situación de detención.

La magistrada Sunshine Sykes, en su fallo, subrayó que el Gobierno estadounidense no ha acatado una sentencia emitida en diciembre, que consideraba ilegal la política que impedía a los detenidos acceder a la libertad bajo fianza. Esta política había sido caracterizada por el Departamento de Seguridad Nacional como dirigida a los “peores de los peores”, un término que la jueza considera erróneo y que podría haber sido utilizado para justificar el alcance de las operaciones del DHS y del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).

Históricamente, a los migrantes se les negaba el derecho a audiencias de fianza únicamente cuando eran considerados recién llegados. Sin embargo, la Administración Trump alteró esta norma al decidir que aquellos detenidos por el ICE, incluso si llevaban años en el país, también debían ser excluidos de estas audiencias. En su lugar, los migrantes debían recurrir a recursos de habeas corpus para intentar obtener su libertad, lo que ha llevado a la jueza a exigir una revisión de esta política y a garantizar el derecho de los migrantes a una audiencia que determine su caso sin la presión de permanecer en los centros de detención del ICE.