En un contexto de creciente tensión entre las autoridades mexicanas y estadounidenses, Marco Antonio Almanza Avilés, exdirector de la Policía de Investigación del estado de Sinaloa, salió al paso de las informaciones que afirmaban su entrega a las autoridades de Estados Unidos. En un video difundido a través de redes sociales, Almanza negó categóricamente las acusaciones en su contra y demandó a los medios de comunicación que se ajusten a la verdad. La controversia se enmarca en una serie de acusaciones formuladas por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, que involucran a diez funcionarios del estado en un presunto esquema de narcotráfico y corrupción.
Desde las instalaciones de un jardín botánico en Culiacán, la capital de Sinaloa, el exfuncionario se mostró firme ante las declaraciones que lo desacreditan. Aseguró que había ofrecido su versión de los hechos ante los medios el martes anterior, pero que, a pesar de ello, la información errónea continuaba circulando. “No estoy de acuerdo con la desacreditación que me han estado dando”, expresó, dejando entrever su descontento con la cobertura mediática de su situación.
Las acusaciones en su contra son serias. La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York publicó, el 29 de abril, un documento que detalla las imputaciones de conspiración contra Almanza y otros nueve funcionarios, quienes, supuestamente, habrían colaborado con líderes del cártel de Sinaloa para facilitar la importación de drogas en cantidades significativas a Estados Unidos. A cambio, los acusados habrían recibido apoyo político y sobornos, lo que plantea un grave dilema sobre la corrupción en las instituciones de seguridad pública en México.
La lista de acusados no solo incluye a Almanza, sino también a Rubén Rocha Moya, actual gobernador con licencia del estado, y al senador Enrique Inzunza Cázares. Además, se mencionan a otros exfuncionarios que ocupaban cargos relevantes en la administración estatal, lo que sugiere un entramado de complicidad a alto nivel. La gravedad de las acusaciones ha llevado a Rocha Moya a solicitar una licencia temporal, defendiendo su inocencia y calificando las acusaciones de “falsas y dolosas”.
La respuesta de la Fiscalía General de la República (FGR) ha sido clara: ha descartado la existencia de fichas rojas en Interpol para los diez exfuncionarios implicados en el caso, un factor que podría influir en el desarrollo de las investigaciones. Este hecho ha generado aún más incertidumbre y especulaciones sobre la posible falta de acción por parte de las autoridades mexicanas ante estas graves acusaciones. Sin embargo, la FGR no ha proporcionado detalles sobre si Almanza ha comparecido ante la justicia nacional, a diferencia de otros funcionarios que ya han comenzado a enfrentar las consecuencias de las acusaciones.
La situación de Almanza y sus colegas resuena en un contexto más amplio de lucha contra el narcotráfico y la corrupción en México. La relación entre el gobierno mexicano y Estados Unidos ha estado marcada por tensiones y desafíos, especialmente en lo que respecta a la seguridad y el tráfico de drogas. Las acusaciones formuladas por la Fiscalía estadounidense reflejan la complejidad de estos problemas y la necesidad de una respuesta decidida por parte del gobierno mexicano, que sigue lidiando con la impunidad y la corrupción en sus instituciones.
A medida que avanza la situación, se espera que las declaraciones de Almanza y otros exfuncionarios continúen generando un intenso debate en la opinión pública y entre los actores políticos. La credibilidad de las instituciones y la confianza de la ciudadanía en sus autoridades se encuentran en juego, y el desarrollo de este caso podría tener repercusiones significativas en la política de seguridad pública en México.
