La justicia de Santa Fe ha dictado condenas a dos ex miembros de la Policía provincial, Gabriel Ernesto Lemos y Leonel Alejandro Almada, por su participación en una organización delictiva dedicada a la realización de robos violentos en la capital y sus alrededores. Lemos, de 44 años, fue sentenciado a seis años y ocho meses de prisión, mientras que Almada, de 50 años, recibió una pena de cinco años y seis meses. Esta resolución se enmarca en una causa que ya cuenta con otras cinco condenas y mantiene a otros dos agentes y tres civiles en la mira de la justicia.
El fallo fue emitido por la jueza Rosana Carrara, tras un juicio abreviado que tuvo lugar en los tribunales de la ciudad de Santa Fe. La investigación fue llevada a cabo por la Unidad Fiscal Especial de Delitos Complejos, bajo la dirección del fiscal Ezequiel Hernández, quien junto a la fiscal María Laura Urquiza, representaron al Ministerio Público de la Acusación. La gravedad de los delitos y la implicación de funcionarios de la fuerza de seguridad han generado un impacto significativo en la opinión pública, que exige mayor control sobre las instituciones encargadas de velar por la seguridad.
La acusación sostiene que entre noviembre de 2020 y marzo de 2023, Lemos y Almada formaron parte de una estructura delictiva bien organizada, cuyo objetivo era perpetrar delitos contra la propiedad. Según el fiscal Hernández, la banda operaba en diferentes puntos estratégicos de la ciudad, incluyendo el centro de Santa Fe y las rutas provinciales y nacionales que la rodean, lo que evidencia un grado de planificación y coordinación que resulta alarmante.
Hernández describió la organización como una red criminal con una “estructura cooperativa”, donde cada miembro cumplía un rol específico. Algunos aportaban información sobre posibles víctimas y riesgos, mientras que otros proporcionaban vehículos, herramientas, uniformes policiales, armas y dispositivos móviles. Este tipo de colaboración entre los integrantes de la banda facilitó la realización de diversos robos, en los cuales lograron sustraer dinero en efectivo, joyas y otros objetos de valor.
Uno de los episodios más notorios atribuidos a Lemos y Almada ocurrió en agosto de 2021, cuando ambos eran comisarios. En esta ocasión, se planeó un robo a una vivienda en el que otros miembros de la banda amenazaron a las víctimas con un arma de fuego. Almada, desde un móvil policial estacionado a pocos metros, brindó apoyo a los ejecutores del robo, lo que fue fundamental para el éxito del delito. Esta información fue clave en la acusación que llevó a la condena en el juicio abreviado.
Por su parte, Lemos también fue mencionado en otro robo que tuvo lugar en marzo de 2022. En este caso, se encargó de coordinar el operativo desde su dependencia, asegurándose de que otros agentes no interfirieran en el acto delictivo. La complicidad de estos ex policías en actividades delictivas pone en evidencia la problemática de la corrupción dentro de las fuerzas de seguridad y la necesidad urgente de implementar reformas profundas para restaurar la confianza de la ciudadanía.
A pesar de las condenas, la causa sigue abierta y incluye a otros cinco imputados, entre los que se encuentran dos policías más y tres civiles, quienes serán juzgados en un futuro juicio oral y público. La situación en Santa Fe refleja un fenómeno preocupante que afecta la percepción de seguridad en la provincia y plantea interrogantes sobre la integridad de las instituciones encargadas de mantener el orden público.
