Los Ángeles, 13 de julio (Redacción Medios Digitales) - Un reciente análisis del Center for American Progress (CAP) ha puesto de relieve que los despliegues de la Guardia Nacional ordenados por el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, en varias ciudades gobernadas por el partido demócrata, no han tenido el efecto deseado en la reducción de la violencia. Las localidades afectadas incluyen Los Ángeles, Washington D.C., Memphis y Nueva Orleans, donde la presencia militar no ha logrado disminuir las cifras de delitos violentos, según el informe publicado recientemente.
El contexto de estos despliegues se remonta a junio del año pasado, cuando Trump decidió tomar control de las tropas de la Guardia Nacional de California, un acto que se consideró sin precedentes en las últimas seis décadas, ya que no contaba con la aprobación del gobernador demócrata Gavin Newsom. La Casa Blanca argumentó que esta acción era necesaria para restaurar el orden en Los Ángeles, especialmente tras las intensas protestas que surgieron por las redadas migratorias en la región. Este enfoque militarizado se replicó en otras ciudades, aunque en algunos casos, como en Chicago y Portland, la respuesta judicial impidió su implementación.
A pesar de las afirmaciones del exmandatario sobre el éxito de estas intervenciones, el estudio del CAP revela que la tasa de delitos violentos en Los Ángeles era de 56,86 por cada 100.000 habitantes en el momento del despliegue, y para diciembre de ese mismo año, cuando la Guardia Nacional aún estaba presente, la cifra había incrementado a 58. Este patrón se repite en Washington D.C., donde la tasa de delitos violentos se elevó de 13,27 en agosto del año pasado a 19,68 en febrero de este año, indicando que la presencia militar no solo fue ineficaz, sino que incluso podría haber contribuido a un aumento de la criminalidad.
El análisis también destaca que las ciudades que enfrentaron la amenaza de despliegues militares experimentaron, en promedio, una disminución del 14% en los delitos violentos y del 22% en homicidios durante el año previo a la intervención federal. Esto sugiere que las políticas de seguridad implementadas a nivel local estaban comenzando a dar resultados antes de que el gobierno federal decidiera intervenir. La interpretación de estos datos pone en tela de juicio la narrativa de que la militarización de la policía es la solución a los problemas de seguridad en las comunidades.
Chandler Hall, director asociado de Seguridad Pública del CAP, expresó que los hallazgos del estudio contradicen la retórica utilizada por Trump para justificar el despliegue de tropas. "La estrategia de seguridad pública del expresidente no ha tenido un impacto cuantificable en la reducción de la violencia, y su costo para los contribuyentes podría alcanzar los 2.000 millones de dólares para finales de este año", señaló Hall.
Este llamado a repensar las estrategias de seguridad es fundamental en un momento en que las comunidades buscan soluciones efectivas y sostenibles. Hall aboga por una reorientación de los recursos hacia programas locales de prevención del delito, tecnología y otras iniciativas que realmente atiendan las necesidades de seguridad de las familias. La evidencia sugiere que la militarización de la seguridad pública no solo es costosa, sino que también ha demostrado ser ineficaz en abordar las causas subyacentes de la criminalidad en las ciudades estadounidenses.
