Un tribunal de justicia ha dictado penas de hasta siete años de prisión para un grupo de empresarios y funcionarios de aduana involucrados en un sofisticado esquema de contrabando de indumentaria. Este fraude, que se extendió entre agosto de 2015 y enero de 2016, permitió la entrada de mercancía sin tributar los aranceles correspondientes, generando un perjuicio económico significativo al Estado. La sentencia, emitida por el Tribunal en lo Penal Económico 3, fue el resultado de un juicio oral que evidenció una trama compleja y bien organizada de delitos económicos.
Los jueces Jorge Zabala, Karina Perilli y Fernando Machado Pelloni fueron responsables de la decisión final, que se conoció el lunes. La acusación estuvo liderada por el fiscal general Gabriel Pérez Barberá, quien presentó pruebas contundentes que demostraron la responsabilidad de los imputados en los delitos de contrabando agravado. Este tipo de contrabando se caracteriza por la participación de un número considerable de personas y la complicidad de funcionarios del servicio aduanero, lo que agrava la situación de los condenados.
Entre los principales implicados se encuentran Jorge Fano, presidente de TT Cargo S.A., y Walter Moglianesi, quienes fueron identificados como los organizadores del esquema. Ambos recibieron sentencias de siete años de prisión, así como la inhabilitación para realizar actividades comerciales y la pérdida de beneficios aduaneros. Las condenas también llevaron a la disolución de las empresas involucradas, siendo TT Cargo S.A. y Cuiper S.A. las más afectadas, dado que su existencia legal fue cancelada de forma inmediata.
La investigación reveló que los acusados importaron productos textiles desde China, utilizando la fachada de transportar carbonato de calcio para evitar controles aduaneros. Esta maniobra no solo implicó el uso de documentación falsa, sino que también requirió la creación de declaraciones juradas fraudulentas que permitieron la introducción de más de 80 mil prendas al país, valoradas en 600 mil dólares, mientras que el arancel declarado fue de únicamente 3 mil dólares. Este tipo de operaciones no solo perjudica a la economía nacional, sino que también afecta a los empresarios que cumplen con la normativa.
Durante el alegato final, el fiscal Pérez Barberá subrayó la gravedad de los delitos, describiendo la operación como una muestra de “persistencia” y “complejidad”. Además, solicitó que se realizaran seguimientos rigurosos por parte de la Aduana para asegurar que se ejecuten las multas y sanciones impuestas. La fiscalía había solicitado inicialmente penas más severas, como ocho años y medio para Moglianesi, enfatizando su rol como uno de los máximos organizadores de la maniobra ilegal.
Este caso resalta la importancia de la vigilancia y la lucha contra el contrabando en el país, especialmente en un contexto donde las arcas del Estado se ven comprometidas por prácticas delictivas que, al no ser controladas, pueden tener un impacto profundo en la economía local. Las condenas no solo representan una respuesta penal a los delitos, sino también un mensaje claro sobre la necesidad de fortalecer las instituciones y los procedimientos de control aduanero para prevenir futuras irregularidades.
