El Gobierno de España ha entregado a la jueza a cargo del caso toda la documentación pertinente relacionada con el proyecto de la senda costera de El Bocal, en Santander. Este paquete de información incluye el diseño de la obra, los certificados correspondientes y los documentos de recepción, en respuesta a las interrogantes surgidas tras el trágico derrumbe de la pasarela que resultó en la muerte de seis personas.

Pedro Casares, delegado del Gobierno en Cantabria, comunicó que el Ejecutivo colaborará plenamente con el proceso judicial y se compromete a aportar cualquier información adicional que el juzgado requiera. Además, destacó que el Gobierno central fue responsable de la ejecución y financiación de la obra, y que, tras la recepción formal de la parte finalizada de la senda, el Ayuntamiento de Santander asumió la obligación de mantener la infraestructura, tal como se estipuló en un acuerdo formal entre ambas administraciones.

Casares aclaró que la responsabilidad de conservar la pasarela recae en el Ayuntamiento y no en funcionarios individuales. En relación con un aviso realizado por un agente de la Policía Local sobre el estado de la estructura, Casares afirmó que corresponde a la justicia determinar si hubo una actuación inadecuada. Sin embargo, enfatizó que no se puede responsabilizar a un solo policía, sino que es el Ayuntamiento el que debe responder por su gestión. Finalmente, el delegado instó a que todos los involucrados en el caso colaboren con la investigación para asegurar la transparencia en el proceso.