Han transcurrido más de 19 años desde el hallazgo del cuerpo sin vida de Nora Dalmasso en su hogar en Río Cuarto, un suceso que ha dejado una huella imborrable en la justicia argentina. A pesar del tiempo transcurrido, la investigación sobre su asesinato aún se encuentra sin resolver y, en un giro inesperado, tres fiscales que estuvieron a cargo del caso durante casi 15 años enfrentan un juicio político por su actuación. Este episodio refleja no solo la complejidad del caso, sino también las falencias del sistema judicial en la provincia de Córdoba.
El trágico evento tuvo lugar el 25 de noviembre de 2006, cuando Dalmasso, de 51 años, fue asesinada en su residencia ubicada en el exclusivo country Villa Golf. Su cuerpo fue encontrado en la habitación de su hija, con signos de asfixia y lesiones compatibles con un ataque sexual. En ese momento, su familia no se encontraba en el lugar; su esposo, Marcelo Macarrón, participaba en un torneo de golf en Punta del Este, mientras que sus hijos, Facundo y Valentina, se encontraban en Córdoba y Estados Unidos, respectivamente.
La llegada del oficial inspector Sergio Ariel Liendo a la escena del crimen marcó el inicio de una serie de errores que perjudicarían la investigación. Sin la experiencia necesaria para preservar adecuadamente el lugar de los hechos, Liendo permitió que más de 20 personas ingresaran al dormitorio donde yacía el cuerpo de Dalmasso, contaminando así la escena. La falta de protocolos básicos, como la utilización de cintas para delimitar el área, evidenció la desorganización y la ineficacia del accionar policial en momentos cruciales.
La investigación inicial estuvo a cargo del fiscal Javier Di Santo, quien en febrero de 2007 tomó una decisión controvertida al arrestar a Gastón Zárate, un pintor que trabajaba en la casa y que fue estigmatizado como “El Perejil”. Sin embargo, la falta de pruebas concretas y la presión social resultaron en su liberación pocas horas después de su detención. Este episodio, conocido como “El perejilazo”, evidenció la fragilidad de las acusaciones y la necesidad de un enfoque más sólido en la investigación.
Con el tiempo, el foco de la investigación se trasladó al entorno más cercano de la víctima. En 2007, Facundo Macarrón, el hijo de Nora, fue imputado bajo sospechas que combinaban cuestiones familiares y su orientación sexual. Sin embargo, las acusaciones resultaron ser débiles y carentes de fundamento, lo que llevó a la defensa a cuestionar la seriedad de la fiscalía en su búsqueda de justicia. Este cambio de dirección en la investigación dejó a la familia sumida en un mar de dudas y sufrimiento, en medio de un proceso judicial que parecía no tener fin.
A medida que los años pasaron, la investigación continuó enfrentando obstáculos significativos. La falta de avances concretos, la demora en la recolección de pruebas y la incertidumbre en torno a los verdaderos culpables han generado frustración en la sociedad y en la familia de la víctima. Hoy, la situación ha llegado a un punto crítico con el juicio político a los tres fiscales que manejaron el caso, un hecho que podría sentar un precedente en la historia judicial de Córdoba y que pone en evidencia las deficiencias del sistema judicial argentino en la resolución de crímenes complejos.
El caso de Nora Dalmasso no solo representa un clamor por justicia, sino que también es un llamado a la reflexión sobre la efectividad de las instituciones encargadas de velar por la seguridad y el bienestar de la sociedad. La espera de los familiares y de la comunidad se hace interminable, mientras que el tiempo sigue avanzando sin respuestas definitivas sobre uno de los crímenes más impactantes de la historia reciente en Argentina.
