El alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, se encuentra en una situación legal complicada que lo llevará a enfrentar un nuevo juicio en Ecuador. Una jueza ha decidido llamar a juicio a Alvarez, quien es uno de los principales adversarios del actual presidente Daniel Noboa, en relación a un caso que investiga la supuesta manipulación y retiro de un grillete electrónico que le fue impuesto el año pasado. Esta situación se enmarca en un contexto donde las tensiones políticas y judiciales en el país se han intensificado, especialmente entre el gobierno y sus opositores.
La Fiscalía ecuatoriana sostiene que la manipulación del grillete electrónico fue revelada el 10 de febrero, cuando las autoridades detuvieron a Alvarez en su residencia debido a otro caso de presunto lavado de dinero, conocido como 'Goleada'. Este caso está vinculado a su negocio familiar en el sector de comercialización de combustibles, un ámbito que ha sido objeto de escrutinio por las autoridades. La falta del dispositivo de control en el momento de su arresto ha sido un punto central de la acusación, aunque los abogados del alcalde han refutado estas afirmaciones, alegando que las pruebas presentadas no son concluyentes.
En marzo, un magistrado decretó que Alvarez debía cumplir con prisión preventiva mientras avanzaban las investigaciones, lo que ha generado una creciente controversia en torno a los métodos judiciales utilizados en su caso. La decisión de la jueza Karen Alarcón de aceptar la solicitud de la Fiscalía y llevarlo a juicio por incumplimiento de decisiones de autoridad competente ha sido vista por muchos como un intento de debilitar a un opositor político clave en un clima de creciente polarización en el país. Las penas por este delito pueden oscilar entre uno y tres años de cárcel, lo que subraya la gravedad de la situación que enfrenta el alcalde.
A Alvarez se le había ordenado el uso del grillete electrónico en 2025 en relación con otro proceso judicial que investiga la comercialización y distribución ilegal de hidrocarburos, conocido como 'Triple A'. Este caso ha estado en curso desde hace tiempo y refleja las complejidades del entramado judicial que rodea a figuras políticas en Ecuador. Con su detención en febrero, la Fiscalía solicitó un cambio de medida cautelar, argumentando que el retiro del dispositivo justificaba su prisión preventiva, lo que lo mantiene en la Cárcel del Encuentro, un centro penitenciario de alta seguridad creado bajo la administración de Noboa, siguiendo el modelo carcelario de El Salvador.
El equipo legal de Alvarez ha anunciado su intención de apelar la decisión judicial, argumentando que existen serias dudas sobre la motivación detrás de la resolución, el control de legalidad y la admisión de pruebas que no deberían haber superado la etapa preparatoria del juicio. En un comunicado, sus abogados han enfatizado que no buscan privilegios ni tratos diferenciados, sino que reclaman el derecho a un proceso justo que garantice un juez imparcial, una resolución bien fundamentada y el respeto a los derechos de defensa, principios fundamentales en cualquier sistema judicial.
Este caso no solo afecta a Alvarez y su carrera política, sino que también refleja las tensiones más amplias en la política ecuatoriana, donde los conflictos entre el gobierno y la oposición a menudo se traducen en batallas judiciales. A medida que el juicio se acerca, las repercusiones de este proceso podrían tener un impacto significativo en el panorama político del país, así como en la percepción pública de la justicia y la equidad en el tratamiento de los líderes políticos.
