El gobierno de Estados Unidos ha decidido sancionar a un alto oficial de la Policía de Tanzania debido a graves violaciones de derechos humanos, incluyendo la presunta tortura de activistas provenientes de Kenia y Uganda. Esta medida fue comunicada por la Embajada estadounidense en Tanzania, que destaca la figura del comisionado adjunto superior de la Policía, Faustine Jackson Mafwele, como uno de los responsables de tales abusos. La sanción se basa en información confiable que vincula a Mafwele con actos de violencia y tortura, tal como lo evidencian las denuncias de los activistas agredidos.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, hizo hincapié en que la designación de Mafwele se realiza bajo el artículo 7031(c), que permite imponer restricciones de visado a aquellos individuos que cometen violaciones graves de derechos humanos. Aunque el comunicado no especifica las sanciones concretas, la implicación de este artículo sugiere que el oficial no podrá ingresar al territorio estadounidense. Esta decisión es un claro mensaje de Washington respecto a su postura sobre la defensa de los derechos humanos a nivel global, especialmente en contextos de represión política.
Los activistas afectados, la ugandesa Agather Atuhaire y el keniano Boniface Mwangi, denunciaron en junio de 2025 haber sido víctimas de torturas sexuales y abusos a manos de la Policía tanzana. Ambos se encontraban en Dar es Salaam para observar el juicio de Tundu Lissu, un prominente líder opositor en Tanzania, cuando fueron detenidos y sometidos a un tratamiento inhumano. En una conferencia de prensa en Nairobi, Mwangi relató que su pesadilla comenzó al momento de registrarse en su hotel, donde las fuerzas de seguridad los interceptaron y secuestraron.
La narrativa de Mwangi y Atuhaire revela un patrón alarmante de abuso de poder por parte de las autoridades tanzanas. Según sus testimonios, los agentes policiales los obligaron a desnudarse y les infligieron diversas formas de maltrato físico y psicológico. Aunque la Policía de Tanzania ha negado las acusaciones, la gravedad de las denuncias ha suscitado una respuesta internacional, con organizaciones como Amnistía Internacional instando a la comunidad global a exigir justicia y responsabilidad por los actos cometidos.
Las sanciones impuestas por Estados Unidos también se producen en un contexto más amplio de violencia política en Tanzania. En el último año, el país ha sido escenario de una represión significativa tras las elecciones del 29 de octubre de 2025. La comisión de investigación, designada por la presidenta Samia Suluhu Hassan, reveló que al menos 518 personas han muerto en este período, incluyendo 197 por heridas de bala. La oposición, representada por el partido Chadema, sostiene que el número real de víctimas podría ser mucho mayor, alcanzando hasta 1.000 muertes durante las manifestaciones.
La comunidad internacional observa con atención la situación en Tanzania, donde la represión y las violaciones de derechos humanos parecen ser cada vez más comunes. La ONU estima que cientos de personas podrían haber perdido la vida en las protestas, lo que pone de manifiesto la necesidad urgente de un cambio en la política de derechos humanos del país. En este marco, las sanciones impuestas por Estados Unidos a un alto mando policial son un paso significativo, aunque todavía queda un largo camino por recorrer para garantizar la justicia y la protección de los derechos fundamentales en Tanzania.
